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La fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Gabriela Baigún pidió a la Sala III del tribunal que aumente el monto de las penas aplicadas a los condenados por el homicidio del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, entre ellos el sindicalista José Pedraza.

Por ese hecho, ocurrido el 20 de octubre de 2010 en el barrio Barracas de esta capital, y las lesiones a otros manifestantes que reclamaban la incorporación de trabajadores a la planta permanente de ferrocarriles, fueron condenados Pedraza, siete procesados vinculados a la Unión Ferroviaria y seis policías federales.

Baigún sostuvo que el homicidio de Ferreyra debe ser considerado "agravado", porque para la fiscal hubo "premeditación" por parte de "dos o más personas". A idéntica conclusión llegó la representante del Ministerio Público Fiscal en los casos de "tentativa de homicidio" de Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Benjamín Pintos.

“La premeditación se demuestra con el plan de los autores, que comenzó en sus actos preparatorios con la convocatoria de gente armada, y siguió con la espera por su llegada" y "la forma en la que se ejecutó, mediante un grupo numeroso que corre para atacar y entre medio de ellos los tiradores", acotó.   

Baigún también requirió a la Sala III el cambio de calificación con la que se condenó a tres policías, entre ellos el comisario Hugo Lompizano, por incumplimiento de sus deberes, cuando para la fiscal corresponde aplicarle la figura penal de "abandono de persona" seguido de muerte y graves daños a la salud.

La sentencia que la fiscal pidió agravar la dictó el Tribunal Oral en lo Criminal 21, integrado por Horacio Días, Diego Barroetaveña y Carlos Bossi, el 19 de abril de 2013. Pedraza y el dirigente de la UF Juan Carlos Fernández fueron condenados a 15 años de prisión como instigador y partícipe necesario, respectivamente. Pablo Marcelo Díaz, Gabriel Fernando Sánchez y Cristian Daniel Favale -este sin pertenencia a la UF- recibieron 18 años de prisión, en tanto que Jorge Daniel González y Salvador Pipitó, 11 años; y el delegado Claudio Alcorcel, 8.

El comisario Luis Osvaldo Mansilla recibió 10 años de prisión; el comisario Jorge Raúl Ferreyra, 9; Lompizano y los efectivos Luis Echavarría y Gastón Conti, a 2 años de prisión de ejecución condicional por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios público. El agente David Villalba fue condenado a pagar una multa de 12.500 pesos por omisión de los deberes del oficio dado que era su función tomar imágenes de los hechos y evitó hacerlo justo cuando se perpetraba el ataque. El Tribunal 21 absolvió a los miembros de la UF Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez y el subcomisario Rolando César Garay. 

La competencia de la investigación

Ayer se discutió en una audiencia ante la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional la competencia de la investigación judicial donde hay tres jueces de la Cámara de Casación Penal imputados. Se debe esclarecer la presunta intervención de estos jueces en una maniobra de sobornos para asegurar la impunidad de José Pedraza, cuando estaba a punto de ser detenido por el homicidio de Mariano Ferreyra.

Se realizó esta audiencia porque el juez Pablo Raúl Ormaechea había declarado la incompetencia del fuero ordinario para intervenir. La medida fue apelada por la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción N°49 (a cargo interinamente de Horacio Azzolin) y por la querella que representa a la familia Ferreyra, a cargo de Maximiliano Molina, del CELS.

El juicio por el asesinato del joven militante del Partido Obrero terminó con condenas hace más de un año. La causa por los sobornos en el Poder Judicial, sin embargo, sigue paralizada. El CELS informó en un comunicado que “desde que comenzó la causa por los sobornos, al menos catorce jueces de primera instancia y camaristas se inhibieron de investigar a sus colegas que integran el máximo tribunal penal del país. La mayoría dijeron que tienen relaciones profesionales, personales o familiares con Riggi, Mitchell o González Palazzo. La causa ya pasó por alrededor de veinte jueces, las inhibiciones y otras maniobras dilatorias evidencian las resistencias corporativas para profundizar una investigación clave sobre el funcionamiento de la propia justicia”.

La representante de la Fiscalía General N°1 María del Rosario Centeno mantuvo la apelación presentada por Azzolin ante los jueces de la Cámara del Crimen Ricardo Pinto, Julio Lucini y Mario Filizof y ratificó la competencia ordinaria de la causa. “El objeto procesal no ha variado desde que se expidió la Cámara del Crimen en septiembre de 2013”, sostuvo.

Luego de las exposiciones, los jueces le preguntaron a la Fiscalía y a la querella cuáles son los delitos que se le imputan a sus colegas. Ambas partes coincidieron en que hasta que no se profundicen las medidas solicitadas por el fiscal Azzolin en octubre de 2013 (y reiteradas en la apelación en mayo pasado), no se puede establecer una imputación concreta, aunque los delitos podrían ser cohecho o tráfico de influencias, informó el sitio web Fiscales.