Gran estratega, obsesivo de los medios, y formado por los mejores juristas del país, el abogado de Diego Lagomarsino se fogueó desde el Estado investigando los negocios sucios de funcionarios para luego dar un giro y asumir su defensa. Respetado y cuestionado por sus pares, este penalista tuvo en su cartera, entre otros, a Carlos Menem por la causa de tráfico de armas y a varios represores y jefes narcos.
- Yo lo llamo el “efecto Yabrán”.
Después de una hora y cinco minutos de entrevista, Maximiliano Adolfo Rusconi, el abogado de Diego Lagomarsino, colaborador del fallecido fiscal Alberto Nisman y único imputado en la causa, atropella las palabras pero no logra ocultar el cansancio. Y compara a Alfredo Yabrán con su defendido.
- Capaz que Yabrán era menos malo de lo que decían. Pero al no mostrarse en público, el tipo se había convertido en una sombra negra.
Dos horas antes, en una conferencia de prensa que había hecho estallar su estudio del microcentro porteño, Rusconi hizo lo posible por sacar a su último cliente del lugar de la sombra negra. Su conocimiento del quehacer mediático es legendario y quienes lo conocen citan su frase: “La defensa primero la ganás en la TV y después en los escritorios”.
Señalado por sus colegas como un penalista brillante, Rusconi, de 49 años, tiene más de 25 de docencia universitaria y un gran prestigio en los círculos académicos progresistas. Todas las fuentes consultadas por Infojus Noticias coinciden en ubicarlo entre los abogados que cruzaron una frontera lábil: comenzar a trabajar en el mundo privado con la formación y la cartera de clientes cosechada en el público. Hace quince años, en el ocaso del menemismo, en sólo tres días Rusconi dejó de perseguir desde la justicia los negocios sucios de funcionarios y empresas, para asumir la defensa del propio Carlos Menem en la causa por el tráfico de armas a Ecuador y Croacia. No pasó mucho tiempo hasta que ampliara su clientela a represores de la última dictadura y grandes narcotraficantes.
La bisagra
Todos marcan el comienzo de ese viraje en una nota, con su firma, que llegó el 2 de julio de 2001 al escritorio del entonces Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra. “Me voy por una evaluación realista: no podré hacer más de lo que hice”, decía la carta. “No se vincula con los objetivos alcanzados sino en todo caso con los proyectos que atendiendo a una innumerable cantidad de factores no se podrán concretar”.
Rusconi había estado al frente de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y de Contrabando (UFITCO) poco tiempo, desde su creación en diciembre de 1999, pero fue suficiente para mover el avispero. Los funcionarios y ejecutivos adictos a la gestión de Menem descuidaban sus trapos sucios. Rusconi investigó el dinero negro de la Side vinculado a los sobornos en el Senado; denunció al ex titular del Banco Central, Pedro Pou, por enriquecimiento ilícito; a Víctor Alderete por falsificar documentación para evadir impuestos; pidió allanar IBM en la causa de coimas al Banco Nación; investigó si la compra de canales de televisión vinculados a Raúl Moneta y el grupo de Vila-Manzano eran para lavar 400 millones de dólares y denunció a Aerolíneas Argentinas por subversión económica. A sus hombres de mayor confianza, según las crónicas de la época, les dijo estar “cansado de las presiones y de que obstruyan su trabajo desde la justicia federal, la DGI, y el Gobierno” de la Alianza.
Otros, tantos años después, recuerdan otro trasfondo: una interna en la Procuración, que incluyó una denuncia del entonces fiscal Pablo Lanusse contra Rusconi por el cobro de sobresueldos. Aquella denuncia llegó a la fiscalía de Carlos Stornelli y languideció. Desde allí no quisieron dar detalles a Infojus Noticias.
Luz, cámara…
- Me ha ido bien en la vida. Tuve algunos casos importantes, y por eso me puedo dar el lujo de aceptar algunos casos “pro bono”, como el de este chico Lagomarsino- dice Rusconi a Infojus Noticias.
Los casos pro bono son un concepto exportado de los grandes bufetes norteamericanos. Como tienen ingresos enormes pueden tomar casos sin cobrar que les den visibilidad y mejoren su imagen pública. Por consejo de Rusconi, su cliente, el último interlocutor que tuvo el fiscal Alberto Nisman, el hombre que le facilitó el arma que le quitó la vida, rompió el silencio el miércoles con un relato minucioso pero rígido. Más de cien cronistas, reporteros gráficos, camarógrafos y técnicos siguieron la conferencia parados en los escritorios y una veintena quedaron en la calle. Hasta muy tarde, con las cámaras haciendo guardia en la vereda y Lagomarsino escondido en otro departamento, Rusconi dio entrevistas a unos pocos medios, entre ellos Infojus Noticias. Afuera, el sol caía lentamente sobre la ventana que mira a la avenida Córdoba.
- Lo mediático era una bomba de tiempo, aunque no apareciera. Mostrarlo hoy fue una cosa positiva. Porque es un pibe normal, hasta visualmente. Yo cuando veo un tipo chiquitito... hay chicos mafiosos, pero...
Aunque fue caótica, nada de aquella primera aparición pública de Lagomarsino estuvo librado al azar. La primera aparición mediática de Rusconi en el caso Nisman fue en el programa Lanata sin Filtro de Radio Mitre, horas antes de la anunciada rueda de prensa. En su Facebook profesional, “Dr. Maximiliano Rusconi”, es metódico para postear sus esporádicas columnas de opinión. La mayoría en el diario Clarín.
Una formación sólida
Ya en los primeros años de Universidad, Rusconi se destacó entre sus compañeros. Pronto lo convocaron como ayudante de cátedra. Desde su juventud mostró un rasgo que se volvería con el tiempo una marca registrada: la amplitud ideológica y el pragmatismo. En sus inicios, acompañó a Marcelo Sancinetti, un reputado jurista del ala más conservadora del derecho penal. Luego pasó por la cátedra de Julio Mayer y David Baigún, eminencias del derecho más progresista. Dio seminarios en Cuba y organizó cursos junto a Eugenio Zaffaroni.
Apenas recibido de abogado en la Universidad de Buenos Aires, Rusconi ya había despegado. Su prestigio académico y la visibilidad que gozaban alguno de sus formadores -Alberto Binder, Julio Maier, David Baigún-, le permitieron en los inicios de los ‘90 recorrer el continente contratado por las Naciones Unidas, dando asesoramientos jurídicos en Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, El Salvador y República Dominicana, entre otros países. Durante el menemismo también fue asesor de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, de la Procuración Penitenciaria, de la empresa Edenor SA -a través del estudio Moreno Ocampo- y de Telecom Stet France Argentina, donde continúa hasta la actualidad. A lo largo de su carrera, obtuvo becas y ganó varios concursos y distinciones: muchos de esos diplomas decoran ahora la sala de espera de su estudio. “Es uno de los mejores penalistas del país”, dice un jurista, muy cercano, que ha tomado otro camino en su carrera profesional.
En esos viajes por el continente, viendo otros organigramas judiciales, pudo haberse inspirado para ser uno de los artífices del esquema de fiscalías especializadas, implementada en 1999 durante la gestión del Procurador Nicolás Becerra. Antes de recalar en la Ufitco, había sido durante dos años fiscal de Política Criminal.
A los tres días de abandonar la Procuración, Rusconi asumió la defensa del ex presidente Carlos Menem. El juez federal Jorge Urso lo había procesado el 4 de julio de 2001 como jefe de la asociación ilícita que entre 1991 y 1995, envió ilegalmente armas a Croacia y a Ecuador. En esa época, Menem no pudo salir de la quinta de Don Torcuato por 167 días. Ante el procesamiento, los medios ya se habían hecho de las negociaciones de su gente para conseguirle un abogado. “Lo más probable es que diga que no”, dijo Rusconi al diario Página/12 cuando todavía su nombre era un rumor. Cambió de parecer. Rusconi consiguió revertir la prisión preventiva. Representó a Menem hasta 2013, cuando el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°3 finalmente condenó al expresidente a una pena de 7 años de prisión efectiva por el tráfico de armas, que aún no está firme. Menem no volvió a prisión.
“Todos las personas tienen derecho a una defensa y cada cuál puede elegir sus clientes, pero tiene que bancarse la contradicción”, dice una abogada que lo conoce bien. “Se fogueó desde el Estado investigando los delitos tributarios y económicos, y de un día para el otro terminó defendiéndolos del otro lado del escritorio”.
Las cifras que se manejan de lo que cobró por la defensa van desde los 170.000 dólares al millón, sin certezas. En todo caso, fue una cifra astronómica que marcó el comienzo de su redituable carrera como abogado particular.
Una cartera abultada
Todo lo que aprendió en su paso por la Ufitco sobre delitos tributarios lo puso en práctica con el resto de los clientes que llegaron a su estudio “Rusconi Abogados y Consultores”a partir de enero de 2003.
En 2004, Rusconi defendió alex secretario de Turismo de Carlos Menem, Omar Fassi Lavalle, y su ex esposa Elizabeth "Liz" Mazzini. Estaban acusados de no pagar el impuesto a las ganancias en 1996, ni el IVA entre 1995 y 1997. En 2010 tuvo entre sus defendidos a la ex mujer de Martín Palermo, Lorena Barrichi, que lo denunció por lavado de activos y evasión tributaria. Rusconi le pidió a la justicia que le impida al futbolista salir del país hasta que terminara el juicio.
Uno de los casos que más críticas le generó, fue el del serbio Dragoslav Tony Ilic, procesado en 2004 después del secuestro de 171 ladrillos de un kilo de cocaína cada uno y de 10.000 botellas de vino tinto con entre 200 y 300 gramos de cocaína diluida para su exportación a Europa, por un valor de 30 millones de dólares. El arresto domiciliario que logró para Ilic en un departamento de Puerto Madero ameritó la queja de la DEA estadounidense. Su defensa la tomó luego el abogado Julio Virgolini, que en 2007 logró la absolución de Ilic. Su socia, Mariana Barbitta, asistió a Marcos, uno de los capos peruanos que controlaban la villa del bajo Flores.
Rusconi tampoco se ruborizó de defender como testigo al cuestionado fiscal José María Campagnoli en el juicio político en su contra. A Campagnoli se lo acusaba de investigar cuestiones que no tenían que ver con el objeto de la causa. En su defensa, Rusconi declaró que era “positivo el poder realizar una investigación amplia”.
En la actualidad, es abogado de Nicolás Ciccone en la causa que investiga el juez federal Ariel Lijo. Su defendido fue un testigo de identidad reservada, luego aceptado como querellante y finalmente quedó imputado.
“Rusconi es uno de esos procesalistas prestigiosos académicamente, que le dan fachadas técnicas a causas políticas que se resuelven mucho más arriba. Una cobertura procesal para que la maniobra no quede tan burda”, ensaya una fuente judicial.
Los represores
A comienzos del año 2013, Maximiliano Rusconi viajó a Bahía Blanca.En una audiencia en la Cámara de Apelaciones de esa ciudad -que él mismo requirió que fuera oral-, pidió que excarcelaran a su nuevo cliente: el coronel retirado Carlos Alberto Arroyo. Arroyo tenía un régimen especial en el que todos los meses tenía que presentarse a firmar en una comisaría. Iba a juicio junto a ocho hombres del V Cuerpo de Ejército -finalmente juzgados y condenados- por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra 89 víctimas en la última dictadura militar. El resto de las audiencias fue su socia, Mariana Barbita. En mayo de ese año, después de que la fiscalía federal pidiera con insistencia la detención, Arroyo desapareció. Aún hoy está prófugo.
Barbita fue, al menos hasta hace poco tiempo, su socia y mano derecha. “Donde estaba Barbita estaba su estudio”, cuenta un penalista cercano a los dos. Su estudio también patrocinó al ex fiscal Carlos Flores Leyes, que estuvo imputado –ya está fallecido- por participación en las torturas y por omisión a investigar las denuncias sobre crímenes de la represión cuando era secretario del Juzgado Federal, en la causa de Margarita Belén.
Volver al redil
Rusconi parece no haber dejado del todo sus apetencias de volver al Estado. En 2012 también se inscribió para ser Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación Penal Fiscalía N°1, pero no quedó. Ese año participó concursó para ser Fiscal de Investigaciones Administrativas (FIA), un cargo que dejó vacante el actual diputado Manuel Garrido en 2009. En ese concurso, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni calificó de “brillante” la exposición que Rusconi durante su examen oral. El abogado habló sobre “autoría y participación en delitos de dominio y de infracción al deber”. Rusconi finalmente quedó segundo en la terna que se envió al Poder Ejecutivo. El pliego que fue al Senado fue el de Sergio Rodríguez.
Informe: Franco Lucatini