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Anoche el programa televisivo La Cornisa, que conduce Luis Majul por América, emitió una serie de escuchas que formaron parte de la denuncia de Nisman, desestimada por el juez Daniel Rafecas. Esas escuchas consistían en una serie de conversaciones, por ejemplo, entre Luis D´Elía y Yousseff Khalil. En estos días, los medios están dando difusión a otras que nunca llegaron a tribunales. 

Más allá del sentido de difundir masivamente grabaciones que estando en la causa no tienen ningún valor probatorio, se abrió un debate en las redes sociales. Graciana Peñafort, directora de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, expresó a través de su cuenta de Twitter que la difusión de esas escuchas telefónicas podría configurar un delito.

De uno a seis años de prisión

El artículo 17 de la vieja Ley de Inteligencia –la nueva aún no entró en vigencia-, advierte que, además de los miembros de organismos de Inteligencia, legisladores de la Comisión Bicameral, funcionarios judiciales y autoridades, las “personas que por su función o en forma circunstancial accedan al conocimiento” de ese material “deberán guardar el más estricto secreto y confidencialidad”.

La pena para quien lo viola, según establece el Código Penal en el artículo 222, es de uno a seis años de prisión. El artículo sanciona la revelación de “secretos políticos, industriales, tecnológicos o militares concernientes a la seguridad, los medios de defensa o las relaciones exteriores de la Nación”.

Peñafort instó a analizar si se cometió o no un delito. Para la abogada, más allá del debate jurídico, es preocupante el entorpecimiento que puede causar para la investigación de la causa AMIA. “Lo que más me preocupa de la difusión de las escuchas, es que esas escuchas se hicieron para esclarecer la causa AMIA y que ahora estén publicadas no ayuda mucho a ese esclarecimiento. Desde ese lugar me parece grave publicarlas”, expresó. “Como se trata de delitos de instancia pública, espero que ya un fiscal haya hecho la pertinente denuncia”. Y sugirió a quienes sienten su intimidad vulnerada que inicien una demanda.