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Los familiares de víctimas del atentado a la AMIA, que causó 85 muertes y dejó centenares de heridos en julio de 1994, sostienen que el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán es constitucional. “Nosotros en su momento vimos al acuerdo como un instrumento esperanzador, una posibilidad de destrabar una causa que lleva 20 años de impunidad”, aseguró Horacio Etcheverry, abogado de Asociación 18J-Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA.

También Diana Malamud, integrante de Memoria Activa, tuvo expectativas en ese instrumento. “De haber sido ratificado por Irán, el acuerdo podía aportar para llegar a indagar a los acusados, pero eso no pasó. Aunque una cosa es indagar y otra muy distinta es llegar a la verdad”, indicó.

Aunque se firmó hace dos años, fue imposible ponerlo en marcha. En mayo de 2014 la Sala I de Cámara Federal lo declaró violatorio de la Constitución Nacional, aunque había sido votado en el Congreso, e impidió cualquier avance con una medida cautelar.  Ahora el Estado nacional reclama a la Sala II de la Cámara de Casación que revierta la sentencia y lo considere constitucional. Ambas organizaciones de familiares coinciden con este pedido.

No obstante ven con algo de pesimismo su aplicación en el contexto actual de la investigación, luego de la muerte del fiscal de la causa, Alberto Nisman. “Cuando el Gobierno propuso el Memorándum seguramente confiaba en la investigación de Nisman, al igual que nosotros –recuerda Olga Degtiar, de 18J–. Ahora sabemos que Nisman no investigó lo suficiente como para sostener las acusaciones, que las pruebas no están, entonces no estamos seguros de que sea apropiado indagar”. Su hijo, Cristian Degtiar, de 21 años, murió el día del atentado. “Entregué 21 años para buscar a los verdaderos culpables del atentado, no me conformo con chivos expiatorios, como se intentó en los años del juez (Juan José) Galeano”, agregó.

Para Memoria Activa, el acuerdo es “constitucional” pero “inútil”, al no haber sido tratado por el Parlamento iraní. Sobre la aparente falta de pruebas, Malamud afirmó: “Esta es la investigación que llevó adelante Nisman, una investigación que no tiene nada. Más allá de estos ciudadanos iraníes con pedido de captura no hay nada más. Es una investigación llena de intereses ajenos a la verdad y a la justicia. No sé cuáles habrán sido los intereses del fiscal, pero lamentablemente ya no podemos preguntarle”.

La vía política

Las organizaciones valoran los esfuerzos del Estado nacional para llegar a un entendimiento con Irán y avanzar con la investigación, que tiene como acusados a siete ex funcionarios iraníes y un miembro libanés de Hezbollah.

El acuerdo articula nueve puntos cuyo eje principal gira en torno a la creación de una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales para cooperar con la investigación judicial y la posibilidad de que representantes de la Justicia argentina puedan interrogar a los sospechosos iraníes sobre quienes pesa una notificación de captura de Interpol.

“En la legislación nacional, el sospechoso debe comparecer ante el juez quien le hace saber la acusación. Mientras eso no suceda, la causa queda trabada. El memorándum es un instrumento que podía traer algún tipo de solución y destrabar aunque sea ese punto, ya no digo llegar a la verdad”, explicó Etcheverry y agregó: “Nuestros clientes son en su mayoría gente mayor a la que los años le pesan y tiene la esperanza de algún día poder ver la verdad aproximada. Pero sobre todo un juicio, y no podemos avanzar si no tenemos un juicio”, dice Etcheverry.