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Unas 4.000 personas coparon ayer la esquina de Callao y Corrientes, corazón del centro porteño, donde está ubicado el hotel BAUEN. El motivo: un festival en repudio al desalojo y por la expropiación definitiva del inmueble a favor de los trabajadores, que gestionan el hotel hace más de once años. La jueza comercial Paula Hualde libró una orden de desalojo dando 30 días hábiles a los trabajadores para abandonar el hotel, plazo que se cumplió el pasado 15 de mayo.

En el Congreso, mientras tanto, hay tres proyectos de expropiación, de los diputados Adriana Puiggrós, Héctor Recalde y Carlos Heller. “Es un proyecto nacional porque entendemos que le corresponde al estado ejecutar las deudas del dueño anterior, quien nunca pagó las cuotas de los préstamos para la construcción del hotel”, dijo a Infojus Noticias Marcelo Ruarte, trabajador y miembro de la cooperativa Buenos Aires Una Empresa Nacional.

El festival arrancó pasadas las 16 y contó con las actuaciones de La Beriso, La perra que los parió, Killertrip, Incorrectos y Attaque 77. Entre los asistentes había miembros de cooperativas de todo el país, referentes de organizaciones estudiantiles, sindicales, sociales y políticas, vecinos de la zona y público en general, muchos de ellos vestidos con remeras negras con el nombre del hotel estampado.

El hotel fue construido con un crédito del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) en el marco del Ente Autárquico Mundial 78. Marcelo Iurcovich, destinatario de ese crédito, no pagó ni la primera cuota: por esa razón, los trabajadores entienden que el hotel pertenece al estado. Actualmente, el conflicto es con la firma Mercoteles, dirigida por el cuñado de Iurcovich y reconocida como propietaria del hotel por una sentencia de 2007 que lleva la firma de la jueza comercial Paula Hualde.

“Este hotel fue parte de los anti-patria durante la dictadura y durante el menemato”, dijo Ruarte. En efecto, la década del ’80 fue dorada para el BAUEN: a la torre de Callao se agregó el BAUEN suite, sobre Corrientes, y las habitaciones estaban siempre ocupadas. En los ’90 albergó encuentros del peronismo provincial al punto de dar nombre al Grupo BAUEN que allí se reunía. En el hotel, Antonio Cafiero lanzó su precandidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. También hubo actos para lograr la reelección de Carlos Menem en 1995.

Pero en esa década el esplendor se acabó: ganaron la pulseada las cadenas hoteleras internacionales, desembarcadas en el marco del neoliberalismo que abrió las puertas del país al mercado mundial. En 1997, la firma chilena Solari compró el hotel por 12 millones de dólares y, aunque comienza a gestionarlo, sólo paga un tercio de ese valor. Es entonces cuando Iurcovich, constructor del hotel, crea la firma Mercoteles dirigida en aquel entonces por su propio hijo y hoy por su cuñado.

Mercoteles compró el hotel a Solari, que se declaró en quiebra en 2001 después de un largo proceso de vaciamiento. Es entonces cuando comienza la disputa legal por la propiedad del inmueble. Los proyectos de expropiación fueron varios: el último es de la diputada nacional Adriana Puiggrós, del Frente para la Victoria. Anteriormente hubo otros dos que fueron unificados, presentados por Victoria Donda y Carlos Heller, que van camino a perder estado parlamentario. Según Federico Tonarelli, trabajador del hotel y expresidente de la cooperativa Buenos Aires Una Empresa Nacional, la solución es política, ya que el conflicto judicial llegó a un callejón sin salida.

El periplo judicial

La última sentencia judicial es aquella de 2007 que reconoció a Mercoteles como propietaria del hotel e intimó a los trabajadores a desalojarlo en 30 días. En ese momento hubo un festival como el de ayer, al que asistieron miles de personas, impidiendo cualquier intento de desalojo. Los 150 trabajadores del hotel hacen funcionar actualmente unas 170 de las 220 habitaciones de la torre, además del auditorio, los seis salones y el bar. La pileta y el solárium todavía esperan su reapertura, retrasada por cuestiones logísticas.

Aquella sentencia de Hualde fue apelada por los trabajadores, pero en 2009 la Cámara de Comercio confirmó la titularidad de Mercoteles. Presentaron un recurso de queja ante la Corte Suprema, que lo rechazó por ser cosa ya juzgada. Como último recurso, denunciaron penalmente a Iurcovich y solicitaron a Hualde que se declarara incompetente, cosa que no hizo, aunque sí suspendió el desalojo. Los últimos días antes de la feria de 2013, la causa penal prescribió, retrotrayendo la situación a la sentencia de 2007. El 21 de marzo de este año fue publicado un edicto en los diarios de mayor tirada, dando 30 días para el desalojo, el cual busca evitarse con el festival de hoy.

Los trabajadores plantean que el hotel pertenece, en rigor, al estado nacional, que fue quien financió la construcción del hotel cuyas cuotas Iurcovich nunca pagó. De esta manera, el estado está en condiciones de expropiar el edificio y sentarse a negociar con los trabajadores una solución, sea en forma de alquiler, comodato, o un préstamo a varios años para poder comprarlo.