Infojus Noticias

Jorge Raúl González -hijo de una mujer desaparecida en Misiones- vio al menos dos veces al fiscal Juan Carlos Tesoriero, sospechado por organismos de ddhh de colaborar con la trama represiva de su provincia. La primera vez, a fines de abril de 1977, al llegar al juzgado federal de Posadas para presentar un habeas corpus por la ausencia de su mamá, Leonor Victorina Chervo de González. Tesoriero era entonces el secretario del juez federal Omar Magno Pérez. El hijo contó en ese despacho el secuestro y la desaparición de su madre. Un mes después su familia recibió una respuesta de la Justicia:  las siete fuerzas de seguridad negaban haber detenido a Leonor.

La segunda vez que González vio a Tesoriero fue muchos años más tarde, ya en democracia, en el mismo lugar que la primera: abrió la puerta de un despacho de los Tribunales federales de Posadas y lo encontró convertido en fiscal. Paradojas de la democracia: denunciar la desaparición de su madre ante el mismo funcionario que había interpuesto el habeas corpus. Pero con una diferencia sustancial: la segunda vez González sabía por un sobreviviente que su madre había muerto a mano de sus secuestradores en la mesa de tortura. Sospechaba que la habrían llevado al Departamento de Informaciones porque la noche siguiente a su secuestro, cuando él mismo había ido a la Jefatura a preguntar por su mamá, le habían dicho había salido en libertad la noche anterior. Ahora sabía también que la habían obligado a escribir una carta tramposa para capturar a su otro hijo, militante del ERP, que había logrado escapar a Europa después de que acribillaran a su mujer.

Esta cadena de desdicha disparada por el terrorismo de Estado está contada en la sentencia del juicio oral contra dos ex coroneles jefes de área, condenados en 2009 a prisión perpetua.

El frontón de los habeas corpus

“En el juzgado que estaba Tesoriero nunca se investigaron los habeas corpus”, respondió Amelia Báez, actual subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, ante la consulta de Infojus Noticias. Baez tenía 19 años cuando cayó el gobierno de Isabel Perón, pero las madres de los secuestrados la nombraron presidenta de la Comisión de Familiares de desaparecidos. “A mí nunca me recibió en persona, pero nosotros hacíamos presentaciones personales y conjuntas, y nunca prosperaban. El nombre de Tesoriero sonaba fuerte en el juzgado”, dijo.

“Tesoriero tuvo un doble rol mientras fue secretario del juzgado federal: por un lado incurrió en la omisión de denunciar las detenciones ilegales. Por el otro, participó en el armado de causas bajo distintos artículos de la ley 20.840, la llamada “ley antisubversiva”, sancionada bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón”, dijo a Infojus Noticias Juan Martínez, uno de los abogados querellantes en causas por delitos de Lesa Humanidad en Misiones. Hace ocho años acompaña a los familiares y a los exdetenidos en su reclamo de justicia.

El juez Magno Pérez –ya fallecido- y su secretario, recibían en su despacho a detenidos de la colonia penal de Candelaria –la Unidad Penitenciaria Federal N°17 de Misiones-, adonde se derivaba a los secuestrados después de torturarlos en diversos centros clandestinos de la provincia. Allí eran indagados bajo alguno de los cargos de la ley antisubversiva: “Por subversión económica, por ejemplo, o por actividades subversivas”, completó el abogado querellante.

Algunos funcionarios judiciales tomaban las declaraciones incluso en el penal donde los detenidos eran salvajemente torturados. En uno de los juicios por delitos de Lesa Humanidad que se llevó a cabo en 2009 en Posadas, fueron condenados los oficiales penitenciarios José María Cuenca y Rubén Alberto Gómez a 20 y 23 años de prisión. Hoy cumplen su pena en la misma cárcel donde por las noches, hace 35 años, sacaban a los detenidos políticos para atormentarlos. Meses más tarde se conoció la sentencia de un segundo juicio por estos delitos en la provincia: prisión perpetua para los dos ex coroneles Juan Antonio Beltrametti y Carlos Humberto Caggiano Tedesco que dirigieron el Área militar 232, con asiento en Misiones (respondía al segundo Cuerpo del Ejército).

Durante las audiencias del juicio, apareció un documento de la época. Había sido rotulado como “secreto y confidencial”, y llevaba la firma de Tesoriero. “Ese documento iba dirigido al coronel Caggiano, y le glosaba todas las causas que tramitaban en su juzgado de las personas calificadas como ‘subversivos’” -dijo Martínez-. “Él colaboró en lo que hiciera falta de ese entramado represivo”.

Espíritu de cuerpo

Juan Carlos Tesoriero es actualmente fiscal federal en lo civil, comercial y en lo contencioso-administrativo de Posadas. Cada tanto los relatos periodísticos recuerdan sus simpatías con la dictadura misionera. En 2001, en la antesala de los Juicios por la Verdad, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones comenzó a escarbar en la participación del fiscal en la dictadura. Tesoriero tuvo un revival repentino a épocas pasadas: le envió una carta desde la propia fiscalía al decano de la Facultad de Humanidades y al rector de la Universidad requiriéndoles los nombres de los estudiantes que participaron en la investigación, bajo la acusación de apropiación de identidad, porque el trabajo no era avalado por la institución. Las autoridades universitarias le respondieron que los estudiantes gozaban de libertad de expresión.

“En todas las causas en las que he intervenido estos años –dijo Martínez-, muchas de las víctimas manifiestan haber sido interrogadas por él”. En el año 2005, cuando se abrieron las investigaciones por delitos de lesa humanidad en la provincia, una denunciante y testigo dijo que Tesoriero estaba presente en la Jefatura de policía.  “Se le pidió al fiscal general que emitiera un dictamen acerca de esa denuncia. El entonces fiscal general penal, Guillermo Mario Negro, dijo que no había que instruir porque no había prueba suficiente. Después, con el avance de las causas, él apareció en muchos testimonios, y a esta altura tenemos muchas pruebas recabadas”, insistió Martínez. Hasta ahora nadie en la justicia local, como sí sucede en otras provincias, ha querido investigar esos nexos que emergen.

En la sentencia de la causa de la Unidad 17, en 2009, el Tribunal Oral Federal ordenó que se giraran copias de los testimonios de seis agentes penitenciarios y se los investigara por falsos. Un tiempo después, le llegó a una de las víctimas una citación para ir a declarar en la etapa de instrucción de esa causa. La firmaba Juan Carlos Tesoriero: el juez de instrucción Ramón Claudio Chávez se lo había derivado para que la instruyera. El hombre lo llamó a Martínez para que le aclarara qué pasaba. “Yo me presenté en esa causa, expuse toda la documentación y pedí que se me aceptara como querellante y el apartamiento de Tesoriero en esa causa. Pero el fiscal general actual, Rubén González Glaría rechazó mi pedido y lo confirmó en la causa”. Ese expediente sigue instruyéndose al día de hoy.

Los organismos de derechos humanos piden su apartamiento de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad. El comunicado que difundieron el 24 de marzo, junto con asociaciones de ex detenidos de seis provincias del nordeste argentino (Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones), dice: “Exigimos la separación del Fiscal Federal Juan Carlos Tesoriero de Misiones, por su pertenencia a estructuras vinculadas a la represión de la dictadura cívico-militar”. No hubo respuesta, pero su nombre saltó el cerco del pago chico.