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A una década del recambio de jueces de la Corte Suprema impulsado por el primer gobierno de Néstor Kirchner, Eduardo Moline O’Connor sigue en litigio. Ahora, la Corte revocó una sentencia que había suspendido una causa iniciada por el ex juez para cobrar una pensión vitalicia por ser ex juez del máximo tribunal. El ex magistrado fue destituido de su cargo por el Senado de la Nación en 2003 por “mal desempeño en sus funciones”. Moline O’Connor fue uno de los protagonistas de la “mayoría automática” que servía a los intereses del menemismo.

“Jamás he participado de un proceso en el que un juez instructor tiene despacho en la Casa Rosada”, dijo Moline O’ Connor durante los alegatos. Con eso pretendía desacreditar a la entonces senadora nacional, Cristina Fernández de Kirchner.

Después del jury, el ex magistrado se presentó ante la Justicia contra su destitución. Como no logró nada, inició una causa para cobrar la pensión vitalicia que le corresponde a los ex integrantes de la Corte Suprema. Pero dos resoluciones del Ministerio de Desarrollo Social y un decreto revocaron la pensión vitalicia debido a su destitución. Moline O’Connor apeló todo para que las resoluciones quedaran sin efecto.

La sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió la causa por la pensión “hasta tanto se resuelva la denuncia planteada por aquél ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra su destitución por juicio político”. Mediante un recurso extraordinario, el ex magistrado llegó a la Corte Suprema para poder continuar con el trámite. La defensa del ex integrante de la Corte planteaba que “la jurisdicción internacional no puede instituirse corno un supuesto de prejudicialidad para los tribunales locales”.

Ahora la Corte Suprema, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Eugenio Zaffaroni y la de los conjueces Jorge Moran, Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Ana Order, Santiago Concuera y Jorge Ferro, coincidió con la defensa del magistrado.

“La decisión de suspender el trámite de las presentes actuaciones "hasta tanto se resuelva la denuncia planteada [ ...] ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos" , conlleva una injustificada postergación en la definición de la cuestión litigiosa”, consignaron.

Para los magistrados “no existe posibilidad alguna de contradicción entre los eventuales pronunciamientos que podrían dictarse en ambos procesos” ya que en la causa ante la justicia Contencioso Administrativa Moline “pretende que se deje sin efecto lo resuelto en sede administrativa y, en consecuencia, se restablezca la percepción de la asignación prevista por la ley 24.018” (la pensión vitalicia). Y en la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos "cuestiona su remoción por juicio politico". Por ello, el máximo tribunal declaró procedentes los recursos extraordinarios del magistrado destituido revocando la sentencia de la justicia Contencioso para que siga la causa.