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Minutos antes de iniciarse la audiencia, el ex coronel Ignacio Aníbal Verdura tuvo que ir al baño. Acompañado por su custodia y a paso lento, el hombre de 82 años y bastón, salió de la sala y poco después volvió a entrar generando cierto revuelo entre los presentes. Entonces sí, los cuatro imputados entraron a la sala en pleno silencio. Marciales, vestidos de traje impecables, del mismo color oscuro y con estricta corbata, también azul. Enseguida los jueces Roberto Falcone –presidente del Tribunal–, Mario Portela y Néstor Parra se sentaron en el estrado central. El SUM de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro –que presta sus instalaciones al tribunal marplatense para este juicio- estaba repleto. Más de 150 personas habían esperado durante más de una hora y media para presenciar la primera audiencia de un juicio histórico en Olavarría. Muchas de ellas llevaban remeras con una consigna: Olavarría despierta.

El debate oral y público que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención Monte Peloni, a 20 kilómetros de esta ciudad, empezó con una hora de atraso, a las tres de la tarde. Con la sala a capacidad repleta, otros jóvenes, estudiantes y militantes se congregaron afuera para seguir el juicio al aire libre, sentados en el césped, en las mismas instalaciones de la alta casa de estudios, a metros del escenario donde a partir de las 18hs se anunció que Ignacio Guido Montoya Carlotto interpretará un tema sobre la Memoria. A las cinco de la tarde, el músico llegó acompañado de su abuela Estela de Carlotto, su prima Bárbara y su tío Kibo. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y el secretario de DDHH de la provincia se sentaron en la primera fila, a metros de los represores, para seguir a la audiencia. También estuvieron presentes el diputado Horacio Pietragalla y Matías Moreno, director nacional de formación de la Secretaría de DDHH de la Nación e hijo de Carlos, abogado laboralista de Loma Nega asesinado por la dictadura.

Las víctimas son 21 personas, en su mayoría militantes de la agrupación Montoneros. Entre ellas hay 15 sobrevivientes, dos asesinatos y cuatro desapariciones. Algunos de los sobrevivientes -entre ellos, Carmelo Vinci, Araceli Gutiérrez, Osvaldo Roberto Cacho Fernández, Carlos Genson- estuvieron en las actividades de la jornada pero no pudieron presenciar la audiencia. Recién podrán hacerlo después de declarar. El primero de los testigos será Vinci, el próximo miércoles. En la jornada también se recordó especialmente a Mario Méndez, autor del valioso Informe de la Memoria de Olavarría, fallecido.

Para empezar, el presidente del Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, Roberto Falcone, leyó los cargos para los cuatro ex militares. Apenas pronunció el apellido Verdura, los silbidos rompieron el silencio. Desde afuera llegaron los cánticos. Entonces, Falcone pidió compostura y advirtió con gravedad que, de no cumplirse las normas de buen comportamiento para el desarrollo del juicio, podría ordenar desalojar la sala.

En la primera audiencia, también estuvo el titular de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, Jorge Auat, junto al fiscal federal general, Daniel Adler y el fiscal subrogante de Azul, Walter Romero. Por la querella estuvieron presentes César Sivo, por la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) y de Manuel Marañón por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Los acusados, ayer y hoy

A la derecha del tribunal estaban los acusados: el entonces teniente coronel, Ignacio Aníbal Verdura, jefe del Área Militar 124; el capitán, Walter Jorge "El Vikingo" Grosse, oficial de Inteligencia de la Plana Mayor (S2) del Regimiento de Caballería de Tanques 2 “Lanceros General Paz”; el sargento Omar "Pájaro" Ferreyra, integrante del Grupo Operaciones del Escuadrón Comando, y el teniente primero, Horacio Rubén leites, jefe del Escuadrón “A”, del mismo regimiento. Los cuatro están imputados por torturas y secuestros en más de una veintena de casos.

El coronel Verdura, mandamás de la zona en épocas de patotas y complacientes, es el único que deberá responder por los asesinatos de Jorge Oscar Fernández y de Alfredo Maccarini. Detrás de su aspecto frágil -ojos chiquitos, bolsas prominentes, un semblante atravesado de surcos y sombras – hay un hombre que jugó a ser dios.

Leites es representado por Claudio Castaño, mientras que Verdura y Ferreyra son asistidos por la defensora oficial María Isabel Labattaglia. A Grosse -hoy cuesta encontrar en su rostro enjuto al “Vikingo”- lo defiende Gerardo Ibáñez como abogado particular. El coronel retirado Juan Carlos Castignani era el quinto imputado, pero la muerte en 2012 lo salvó de dar explicaciones.

Por estos días, el Vikingo Grosse, el Pájaro Ferreyra -que fue funcionario en la gestión del intendente Helios Eseverri- y Leites dejaron la Unidad Penal 30 de Alvear –donde están detenidos- para presenciar el juicio. El caso de Verdura es diferente: la Justicia decidió concederle la prisión domiciliaria por su estado de salud, y vendrá al juicio desde un domicilio en Olavarría. A medida que el tribunal leyó el requerimiento de elevación a juicio, los represores –que al principio parecían hacer un esfuerzo por mantener la mirada en alto- observaron en reiteradas oportunidades al piso o al público.

Al retomar la audiencia después del cuarto intermedio, Ibañez -defensor del Vikingo Grosse- pidió al tribunal que “los fotógrafos dejen de efectuar disparos a los acusados y a mi persona”. El pedido apenas cosechó un atisbo de silbidos en la platea y el presidente del tribunal no le hizo lugar. Pero reiteró a los presentes la necesidad de mantener el buen comportamiento para el desarrollo del proceso.

Cómo funcionó la cabecera de la represión

Esta primera audiencia estuvo dedicada a la lectura del auto de elevación a juicio. En el documento de más de 300 páginas que fue leído en voz alta, la Fiscalía dejó en claro la existencia de un plan sistemático de represión en el Área Militar 124, comandada por el entonces teniente coronel Aníbal Verdura. Además, se explicó el funcionamiento de los centros clandestinos de detención que funcionaron en la zona con eje en Monte Peloni, en Olavarría y La Huerta, en Tandil.

Según la acusación, al sistema represivo de la zona hay que entenderlo como un funcionamiento articulado entre las Áreas Militares 121 de Tandil y la 124 Olavarría, con una estrecha colaboración de personal de la Policía Bonaerense, siempre subordinada al mano del Ejército de la zona. Las patotas que respondían al mando central de Verdura actuaban con la misma metodología ilegal que en el resto de los centros clandestinos del país: encapuchados, de civil, con armas y violencia irrumpiendo en los domicilios de los militantes en la mayor parte de las veces por la noche, para después llevaron de manera ilegal a los destinos de cautiverio. Ahí, -leyó el secretario- el destino era incierto: la tortura constante, las condiciones inhumanas de detención, vejaciones, apremios, tormentos.

Las audiencias continuarán mañana a partir de las 10 con la discusión de las cuestiones preliminares y la posibilidad de que los imputados puedan acceder a declarar.