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En Santiago del Estero, una mujer denunció que su padrastro abusa sexualmente de ella desde los once años. Tuvo diez hijos con él.  El martes, en su declaración, el imputado aseguró que se trató de una relación consentida desde el comienzo y que en el paraje donde viven son una pareja “conocida por todos los vecinos”. El otro caso es el de Ángeles Rawson, la adolescente de 16 años asesinada en junio de este año. Su cuerpo fue encontrado en un basural de José León Suárez e inmediatamente ocupó el primer lugar de todos los noticieros. Esta semana la defensa de Jorge Mangeri, encargado del edificio donde vivía la joven y único imputado en la causa, parece haber cruzado todos los límites. El perito de parte, Adolfo Méndez, sugirió que la adolescente era afín a prácticas sadomasoquistas. Fundó la versión en las lesiones que lucía el cadáver de la víctima. Méndez es el médico de la defensa y uno de los integrantes de la junta que llevó adelante la autopsia.

Ambas defensas son, por lo menos, incómodas y abren un signo de interrogación sobre las estrategias de los abogados defensores. Todo imputado tiene la garantía constitucional de contar con una defensa, pero ¿existe un límite, para el abogado, a la hora de inculpar a una víctima? Infojus Noticias consultó a tres abogados defensores.

Natalia Gherardi, abogada y directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y de Género (ELA) dijo que  “los casos de violencia sexual son probablemente los más difíciles. Cuando se trata de violencia física, ya hay un consenso acerca de lo inaceptable de ciertas conductas. Cuando se trata de casos de abuso de violencia sexual, entran a jugar algunos estereotipos y prejuicios sobre qué estaban haciendo esas mujeres, dónde estaban, y los defensores son parte de esa sociedad prejuiciosa.”

“No se vale todo con tal de defender. La de ensuciar a la víctima es una estrategia que se usa hace años pero que resulta inaceptable a la luz de los compromisos y las obligaciones del Estado de garantizar los derechos de las víctimas”, consideró Gherardi. “Cuando son casos mediáticos, lo que cambia es que los argumentos que, de otra manera, sólo se usan desde el silencio de los expedientes, se multiplican en los medios de comunicación, agravando el derecho de la familia y de la víctima.”

Entre las garantías del imputado y los derechos de las víctimas

Carolina Epelbaum es abogada penalista y pone el énfasis en las garantías del imputado y en el juego con los medios de comunicación. “En los casos mediáticos, hay una defensa en el expediente y otra que tiene que ver con convencer a la opinión pública, porque muchas veces los jueces se dejan llevar”. Desde 2011, Epelbaum defiende a Mirtha C., la joven que a los 19 años dio a luz a una beba en el medio del monte y fue condenada por abandono de persona seguido de muerte. “He tenido casos trascendentes, y para mí la relación con los medios forma parte de la estrategia de defensa. Hay una parte que decide en función de la opinión pública”, planteó la abogada.

“Yo soy defensora, y eso implica que defiendo violadores y homicidas también. Pero para mí, humana y estratégicamente, inculpar a la víctima es una grave falla de la defensa. Creo que hay que investigar a la víctima, pero no acusarla, porque nunca es responsable en estos casos”, apunta Epelbaum.

“Aunque pese mucho, nosotros tenemos un programa penal en la Constitución Nacional. Los derechos humanos, le pese a quien le pese, son también para el presunto delincuente. La victima tiene el respaldo del Estado para la persecución penal y cuando todo ese aparato se pone en contra, las garantías tienen que equilibrar la situación”, reflexiona la abogada.

“Para mí si hay un límite, por una cuestión de estrategia, y por una cuestión humana. Vos ves a la mamá de un chico que mataron, y no podés decirle que ‘lo que pasa es que el chico era vaguito’, ni tampoco al padre de una chica que apareció entre la basura que a su hija ‘le gustaba que le peguen’. En los delitos contra la integridad de las personas, no delitos de propiedad, no me parece ni humana ni estratégicamente correcto ensuciar a la víctima, mucho menos en caso de delitos sexuales”, pone el punto Epelbaum.

El que cuestiona las estrategias espurias desde un punto de vista no sólo moral sino también jurídico, es Julián Axat, defensor Público Juvenil de la Provincia de Buenos Aires. “Por supuesto que hay sistemas éticos que hay que cumplir. Existen los Mandamientos del Abogado, que son universales y que establecen sistemas de ética para con los clientes y también con la contraparte. El principio de lealtad con el cliente, es también con la contraparte y con el juez. Son normas de actuación que el abogado jura cuando jura en el Colegio de Abogados, o en el Poder Judicial”, señala el defensor.

“Los defensores tienen deberes, no especulan ni echan mantos de duda contra la contraparte. Estigmatizarla es una estrategia de bajos efectos, y está muy mal vista por el propio sistema porque se apela a estrategias que no son jurídicas, sino mediáticas, políticas, etc. Se han utilizado mucho en Estados Unidos, en los casos donde existen jurados, porque hay abogados que ante jurado usan la espectacularidad de acusar o maltratar a la víctima”, ejemplifica Axat.

El defensor se diferencia de las estrategias que cuestiona: “Yo nunca utilizaría una táctica de ese estilo. No usaría la estigmatización de la víctima, menos aún si es menor de edad. La Convención de los Derechos de los Niños protege a los menores, sean imputados o víctimas. No se puede estigmatizarlos diciendo que tenían determinada vida o sexualidad, o que tenían elecciones contrarias a la buena imagen que tiene la sociedad de la gente. Puede ser que se intente que los jueces cedan a la presión mediática, pero habla de abogados que están prestos para todo, que utilizan como Estado paralelo a los medios. Son elecciones de los abogados, pero creo que la ética tiene que ser una base estructural.”, finalizó.