Infojus Noticias

Por primera vez,  desde que comenzaron a ocurrir en la Argentina los misteriosos asesinatos de colombianos a manos de sus propios compatriotas, hay un detenido que va en camino a juicio oral por homicidio.

En marzo de 2012, un colombiano que tenía documentos a nombre de Carlos José Brausin García recibió cinco disparos de arma de fuego en el barrio de Recoleta.  Brausin García era, en realidad, Héctor Jairo Saldarriaga Perdomo, alias "Mojarra" o "Guajiro". Algunas líneas de investigación nunca confirmadas lo vincularon con los colombianos Jorge Quintero Gartner y Héctor Duque Ceballos, asesinados en julio de 2008 en la playa de estacionamiento del shopping Unicenter, en Martínez.

Aquel fue el primer episodio de una serie de homicidios similares, el último de ellos, el 3 de marzo pasado, en los bosques de Palermo. La víctima: el colombiano Carlos Alberto Gutiérrez Camacho, con antecedentes por drogas en su país.

Saldarriaga Perdomo tuvo un pasado en las FARC colombianas y un acercamiento al cártel de las drogas que encabezaba Daniel "el loco" Barrera. Pero operación con un cargamento de 500 kilos de cocaína que no llegó a destino los enemistó definitivamente. "Mojarra" se abrió de Barrera, cometió un crimen y  comenzó él a ser objetivo de los sicarios a los que antes mandaba. Huyó a Buenos Aires y aquí fue asesinado. Barrera fue capturado poco después en Venezuela y extraditado a Colombia.

A diferencia de otros episodios similares, en este caso un juez ordenó prisión preventiva para un sospechoso y la Cámara del Crimen porteña ratificó la decisión y enderezó el expediente al juicio oral. El detenido es Jonathan Emmanuel Aristimuño. Para el juez de instrucción Diego Slupski y para los camaristas Mariano Scotto, Mauro Divito y Juan Cicciaro, es el principal sospechoso de haber matado a "Mojarra” en la calle Marcelo T. de Alvear. Cuando salía hacia la calle alcanzó a ver a al menos una persona que bajaba de una moto Zanella con un arma en la mano. Un segundo más tarde, ya tenía dos tiros en la cabeza. El motoquero lo vio caer y lo remató. Intentó volver a la moto, pero un policía que vio todo desde la calle Talcahuano le dio la voz de alto. El homicida le disparó y, aprovechando la confusión y la estampida, salió corriendo, descartó una gorra, un buzo con capucha, guantes, y una pistola Bersa Thunder 9 milímetros.

El juez Slupski recibió tarde el sumario pero inició una paciente tarea de reconstrucción de lo ocurrido. Y la moto, secuestrada en el lugar cuando todavía estaba en marcha, fue clave en la investigación. 

La Sala Séptima de la Cámara acaba de validar el testimonio del policía Elvio Andrés Rojas: "cuando el sujeto que efectuó los disparos empezó la fuga se había dirigido hacia la moto, pero como yo estaba muy cerca, se ve que optó por dejar la moto y salir corriendo. La moto tenía la llave puesta".

Aristimuño cometió un error. La moto estaba a su nombre, y según se desprende de la causa, "en las primeras horas hábiles del día siguiente al evento investigado el comprador de la motocicleta se presentó en la concesionaria y preguntó sobre los pasos a seguir para formular una denuncia por la supuesta sustracción de aquella". No fue a una comisaría, pero dejó su huella en la concesionaria. 

Al comprar la moto dio un nombre falso, pero dejó como referencia un número de teléfono celular, "en el que se registró una llamada horas antes del evento que activó la celda ubicada en la calle Montevideo 1733 de esta ciudad, cercana al lugar de los disparos".

Según la documentación a la que accedió Infojus Noticias, aún está abierta la posibilidad de que Aristimuño haya asesinado acompañado por un cómplice. Y no parecen quedar dudas de que fue un crimen por encargo. "No cabe descartar que el aparato (el teléfono celular) le fuera suministrado al imputado por quienes le habrían facilitado dinero para comprar la motocicleta, presumiblemente como promesa remuneratoria para dar muerte al damnificado", dice la resolución judicial.

Aristimuño, quizá a sabiendas de esa hipótesis de investigación, dijo en su indagatoria que "sólo facilitó sus datos para que un tercero adquiriera el rodado, pero que no participó en la operación sino que un sujeto -de nacionalidad colombiana- abonó el importe, suministró el teléfono celular y horas después retiró la motocicleta". El juez Slupski investigó esa coartada, y la descartó porque los empleados de la concesionaria "expresaron que fue Aristimuño quien gestionó toda la operación, entregó el dinero y en el mismo momento retiró personalmente el vehículo, y que si bien había otro hombre a su lado, éste no participó en el negocio".