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La Corte Suprema de Justicia pidió a organismos de gobierno y de la Justicia que se adopten " medidas urgentes" para combatir el avance del narcotráfico registrado en las jurisdicciones judiciales del Noroeste (NOA) del país. En una resolución firmada por sus siete integrantes, el máximo tribunal se hizo eco y difundió sendos informes de situación elaborados por la justicia federal de Salta, Jujuy y Tucumán, cuyas denuncias consideró de graves, a raíz de lo cual requirió a los Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, así como al Consejo de la Magistratura, que arbitren "las medidas que sean necesarias".

En lo esencial, las medidas reclamadas son la designación de jueces y camaristas vacantes, así como la mejora edilicia en diferentes ciudades de esas provincias, junto a la habilitación de nuevas unidades carcelarias para los presos por delitos federales, tales como el tráfico de drogas y la trata de personas.

Pero el informe de la justicia salteña va mas allá al reclamar mayor presencia de fuerzas federales para "prevenir los conflictos que se avizoran a corto plazo ante la presencia de miles de personas que se están radicando en la zona dedicadas al tráfico de estupefacientes, contrabando y otras actividades ilícitas".

El informe elaborado por los camaristas salteños José Villada y Roberto Loutayf Ranea, y difundido por la Corte, asegura que frente un incremento del 52 por ciento de las causas judiciales en la jurisdicción entre 2005 y 2012, las referidas a narcotráfico subieron un 84.6 por ciento y que "la mayoría de los detenidos del norte son de procedencia boliviana y peruana.

También aluden a un "colapso del sistema carcelario" y enfatizan que la demanda legal de trasladar a los presos, en su mayoría de origen extranjero a zonas próximas a su residencia, no puede ser satisfecha.

Los reclamos concretos se ciñen a la demanda de duplicar las plazas de la unidad penal de Cerrillos, en Salta, y construir otra o bien en la jujeña Yuto o en las salteñas Tartagal u Orán, así como un edificio federal único en Jujuy y otro en Salta, de una sede judicial en Tartagal.

También urgen la creación de un gabinete criminológico para el seguimiento y control de los casos de narcotráfico y trata así como de dos centros de tratamiento de adictos y en la designación de jueces en juzgados ya creados, como el Tartagal.

En idéntico sentido se manifestaron los jueces federales de Daniel Bejas y Fernando Poviña que elaboraron el diagnostico referido a Tucumán, y en cuyo informe indican que las dotación de la dirección de la Policía federal dedicada e hacer inteligencia en caso de drogas y crimen organizado solo tiene cuatro agentes, lo que obliga a los jueces a requerir la colaboración de la policía provincial.