Infojus Noticias

Cuando Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, iba a la fiscalía que tenía que investigar dónde estaba el joven de 16 años, nadie la atendía. Le pedían que dejara notas por escrito. “Conociendo los abusos de parte de muchos uniformados, temo por la vida de mi hermano”, advirtió cuando habían pasado 15 días de la desaparición. La fiscal Roxana Castelli, titular de la UFI 7, no la escuchó y delegó la investigación en la propia policía que era sospechosa. Esa fue la punta del ovillo de una madeja de gravísimas irregularidades. Por esto, ella, su par Celia Cejas Martín y el juez de Garantías Gustavo Banco afrontarán un juicio político. Los tres hoy continúan en el poder judicial de La Matanza. Banco en el mismo lugar y las fiscales en otras dependencias.

El último martes el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense hizo lugar al jury en su contra. La denuncia la encabezó Mónica Alegre, la mamá de Luciano, representada por los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La semana pasada el organismo presentó una ampliación de la denuncia que habían hecho en 2013. El texto es contundente: “Ni la primera fiscal del caso ni la segunda buscaron a Luciano Arruga”. Los funcionarios tienen diez días para presentar sus descargos.

“Estoy sorprendido que se haya abierto este proceso porque mi intención fue siempre resolver una averiguación de paradero. La familia había denunciado eso. La causa me quitaba el sueño”, dijo Banco a Infojus Noticias. Es el titular del Juzgado de Garantías Nº 5. Su opinión sobre el caso y la acusación que pesa en su contra se conoció después de una entrevista de la última edición de la revista Mu. Hasta ese entonces no había hablado con los medios. Hace 23 años que trabaja en la Justicia y el pedido de jury lo dejó “abatido”. El magistrado defiende su cuestionada intervención en el proceso: “Mi actuación fue formal. Estoy convencido que la hice bien”.

A Banco se lo acusa de “haber ordenado en forma arbitraria la intervención telefónica” de cuatro familiares del joven. Desde abril de 2009 hasta fines de agosto de 2010 la familia de Arruga fue vigilada a través de escuchas pedidas por la fiscal Celia Cejas y autorizadas por Banco. No fue un único pedido de intervención, fueron casi 15 prorrogas de escuchas prolongadas en el tiempo pedidas a la Secretaria de Inteligencia del Estado. Esas actuaciones constaban en un Legajo Fiscal, un expediente que se abrió en paralelo a la causa de “averiguación de paralelo” y al cual las partes no tuvieron acceso hasta el año pasado. En ningún dictamen están argumentadas estas “pinchaduras”. Solo se dice que pretendían encontrar "datos útiles tendientes a dar con el paradero". Lo cierto es que la fiscal creía que la familia sabía algo que no decía, pero en lugar de preguntárselo prefirió vigilarlos. Esa inquietud se basaba en declaraciones policiales en la causa. La funcionaria basó su pesquisa en la versión que aportaron los propios sospechosos de la desaparición. Todo esto, sin dudas, constituye una “violación a la privacidad e intimidad de los familiares de una víctima de violencia institucional”, señala la denuncia.

“Entiendo que por esas intervenciones telefónicas se denuncia un atropello al derecho a la intimidad. Pero fueron con el fin de encontrar con vida a una persona. Nunca puede ser causal de destitución de un magistrado”, opinó el juez. Además, planteó que también fueron intervenidos entre 10 y 15 teléfonos de agentes policiales.

“Corría desesperado” y “parecía que estaba escapando”

En febrero de 2013 los operadores judiciales de La Matanza dejaron de tener en sus manos el expediente. El cambio de carátula, de averiguación de paradero a desaparición forzada, significó la legitimación de un reclamo que la familia, los abogados y los organismos de derechos humanos hacen desde hace casi seis años: la responsabilidad de la desaparición del chico fue de la policía bonaerense. La identificación del cuerpo de Luciano, el último 17 de octubre, no clausuró esta hipótesis. Por el contrario, la robusteció. Al adolescente lo atropellaron el 31 de enero de 2009 en General Paz y Emilio Casto, en un camino de autopista que ningún peatón cruza. Murió al otro día en el Hospital Santojanni y luego fue enterrado como NN. Según declaró el joven que lo chocó, Luciano “corría desesperado” y “parecía que estaba escapando”. Su testimonio forma parte de una serie de declaraciones y peritajes que ordenó el juez federal de Morón Juan Pablo Salas después de la aparición del cadáver. Busca saber qué hacía Luciano ahí esa madrugada y por qué cruzó de esa manera. La policía sigue bajo sospecha.

Consultado sobre esto, Banco contradice la hipótesis que tramita en la Justicia Federal. “Si me preguntas si este caso tiene relación directa con la relación de vulnerabilidad de los jóvenes y la conflictividad de la relación con la policía; yo creo que no. Es el caso equivocado para ponerlo como ejemplo de eso”.

Los más de 30 cuerpos desordenados y con errores en la foliatura de la causa Arruga son un compendio de las peores prácticas policiales bonaerenses: detenciones ilegales a menores de edad, extorsiones, golpes y amenazas; alteraciones en los libros de las comisarías, anomalías en los patrullajes. “Fueron invisibilizadas por la fiscal Castelli, primero y luego consentidas por Celia Cejas”, denunció el CELS.

La información para encontrarlo estaba en el propio expediente

Los funcionarios que irán a jury hicieron una presentación espontánea defendiéndose. En ella hablan de "errores aislados". Sin embargo, además de las escuchas y la obstrucción al acceso de la causa, el hallazgo del cuerpo demostró que podrían haberlo hallado antes. La información para encontrarlo estaba en el propio expediente: las huellas dactilares y la ficha de la autopsia.

Luciano sólo tenía su documento de los 8 años. Por eso, la única vez que registró sus huellas fue en una comisaría después de una tortura, en 2008. Esta información figuraba en el expediente de “averiguación de paradero” pero no se usó para buscarlo. Recién cinco años y ocho meses después con la aceptación del habeas corpus y la intervención de distintos actores del Estado, esos datos se emplearon y fueron fundamentales para dar con él.

“Desde los primeros momentos de la investigación, tanto la fiscal Roxana Castelli como la fiscal Celia Cejas Martin, contaban con las huellas dactiloscópicas de Luciano Nahuel Arruga, que habían sido incorporadas a la investigación luego de que la fiscal Castelli solicitara la causa por la que Luciano fue detenido en el Destacamento de Lomas del Mirador el 22 de septiembre de 2008 y torturado por agentes policiales. Sin embargo, lejos de utilizarlas para lograr dar con el paradero del menor, la copia de la causa instruida por los agentes del Destacamento se agregó sin más al expediente”, dice la presentación ampliada del CELS.

Por otra parte, tal como reveló Infojus Noticias hace poco más de un mes, la ficha de la autopsia, tres fotos y la información de las huellas digitales del cadáver registrado como NN de Luciano estuvieron cuatro años perdidos en la marea de fojas desordenada. Ningún operador judicial prestó atención a esos datos que habían sido pedidos al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación. La autopsia 253/2009 figuraba desde el 10 marzo de 2010 en uno de los cuerpos de la investigación. Los mismos datos sirvieron para identificar el cuerpo del joven, la fiscal de La Matanza Celia Cejas Martín los tuvo en su despacho. El juez Banco también los tuvo en su poder.

La Morgue Judicial había enviado información sobre los cadáveres N.N. que habían intervenido durante el mes de enero de 2009. Entre las fichas de autopsias se encontraba la de la causa del accidente que tramitó en el Juzgado Nacional en lo criminal de instrucción N° 16. Allí se consignaba información como la estatura de Luciano, su peso y señas particulares como “tatuaje en el brazo izquierdo y aro de metal en la oreja izquierda. Esos eran rasgos que la familia había aportado y que aparecían en la búsqueda. Luciano tenía tatuada la letra “M”, por el nombre de su mamá, en el brazo. Y en una pierna se había escrito “Vane”, por su hermana. Las dos mujeres que empujaron la causa y la búsqueda de Justicia.

“Las tengo presentes esas fotos. Yo las ví en su momento pero estaba irreconocible. En la información no estaban descriptos los tatuajes. Además el perito dijo que tenía entre 25 y 30 años. Aparte yo tenía en mi mente la foto con la que todos conocemos a Luciano”, dijo Banco.

En la ampliación de la denuncia contra Cejas que hizo la semana pasada el CELS plantearon: “La desprolijidad y el desorden de los elementos de prueba agregados a la investigación provocaron que el expediente se convierta en un rejunte de información que nunca fue analizada”.

Queda claro que, al menos, tres funcionarios judiciales no pudieron dar con el paradero del chico. Hoy, a casi seis años de su desaparición el juez Salas avanza con paso firme. Quiere reconstruir el supuesto accidente y cómo fue que Luciano llegó a cruzar por la vía rápida a las 3.21. La investigación sigue la pista policial. Como desde un primer momento, cuando la familia denunció que su desaparición estaba relacionada al hostigamiento policial, la sombra del accionar de la bonaerense sigue opacando el caso del chico de La Matanza.