El secretario de Justicia, Julián Álvarez, defendió el paquete de leyes enviado por el Ejecutivo al Congreso para crear una nueva justicia del consumidor. El funcionario sostuvo que no hubo críticas puntuales a las iniciativas durante el debate en el Senado.
El secretario de Justicia, Julián Álvarez, aseguró que el paquete de leyes que analiza el Congreso para impulsar una nueva justicia del consumidor busca "eliminar todas las cuestiones cuestionables de una ley que ya tiene 40 años de vigencia”, como la Ley de Abastecimiento. El funcionario planteó "que, con este nuevo paquete de leyes, el Estado no sólo va a afinar sus herramientas para que los empresarios en condiciones abusivas no se abusen de los consumidores, sino también herramientas para los propios consumidores para poder reclamar ellos”.
“Se intenta asustar con que el intervencionismo estatal puede traer problemas en la economía, a este mismo Estado que desde hace once años viene creando más de 200 mil empresas con esta ley vigente”, subrayó el secretario de Justicia en declaraciones formuladas esta mañana a radio América.
"Estuvimos nueve horas debatiendo y no hubo críticas relativas a los artículos, si no alguna crítica general", dijo el funcionario respecto al debate realizado el martes en el plenario de comisiones del Senado. "Eso es pinchar la pelota y tirarla afuera de la cancha, directamente", dijo.
"Le ofrecimos al presidente de la mesa de enlace si quería diez minutos más para hacer observaciones a los proyectos de ley, porque en los diez minutos que utilizó se puso a hablar de las políticas agropecuarias del país, que nada tienen que ver con la discusión concreta de proyectos de ley para la defensa del consumidor", planteó Álvarez.
Además señaló que la Ley de Abastecimiento actual “no tuvo nunca ninguna declaración de inconstitucionalidad” y sostuvo que, entre otros aspectos, el conjunto de normas que comenzó a analizar el Senado “elimina no sólo la prisión y la pena privativa de libertad contra los empresarios, sino que también disminuye algunos tipos de facultades como las de allanar”.
En este sentido, afirmó que lo que hace el proyecto es “eliminar todas las cuestiones cuestionables de una ley que tiene 40 años de vigencia y que nunca ocasionó ningún tipo de problemas para la economía”.