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Cinco ciudadanos bolivianos gestionaban tres talleres textiles clandestinos en el barrio porteño de Caballito y Parque Chacabuco bajo la facha de una cooperativa. Allí trabajaban y vivían en condiciones infrahumanas alrededor de 57 personas, también de nacionalidad boliviana, que cumplían jornadas de hasta 14 horas. El juez Ariel Lijo decidió ayer el procesamiento de los titulares de la cooperativa.

 

Los procesados son Juan Carlos Quispe, Wilma Chacolla Marca, Valentín Mamani Lecoña, Graciela Choquetarqui Marca y Virginia Mamani Lecoña, junto con Efraín Serrano Mamani, Santos Álcon Huanacuni y Agustín García Álbarez, procesados como “partícipes necesarios”. Integraban la cooperativa de trabajo Taverguis, creada en abril de 2006, dedicada a la confección de jeans y otras prendas para las marcas “Narrow”, “Penguin”, “M 51”, “Zurah Jeans” y “Berry Blue”. Las acusaciones podrían alcanzar a los directivos de esas marcas.

 

Están acusados de los delitos de trata de personas, reducción a la servidumbre y facilitación y permanencia de inmigrantes ilegales y afrontan penas de entre 8 y 50 años de prisión, en el caso de que se pruebe la explotación. Como se trata de ilícitos cometidos en un período amplio de tiempo, algunos quedan comprendidos en la vieja Ley de Trata de Personas, y otros serán juzgados según las últimas reformas. También se ordenaron embargos de hasta 200.000 pesos. Hace dos semanas,  la Justicia había rechazado los pedidos de excarcelación interpuestos por las defensas.  

 

La causa se inició el 30 de abril a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por los talleres que funcionaban en Santander 873, Del Barco Centenera 1800 y Doblas 1435. Por orden de la justicia, se realizó un allanamiento en el que se obtuvo documentación de la cooperativa, computadoras, teléfonos y registros fotográficos de las condiciones edilicias. Del operativo participaron efectivos de la División Trata de Personas de la Policía Federal y de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional Argentina.

 

Se constató que los empleados de hallaban en condiciones de total hacinamiento, inseguridad y falta de higiene. Durante el allanamiento, a muchos se los escondió en una habitación con la luz apagada, para evitar que las autoridades los encontraran. 

 

El juez fundó su decisión en las pruebas obtenidas en aquella oportunidad así como en numerosas declaraciones testimoniales. Se supo que los trabajadores eran vigilados mediante cámaras de seguridad y se comprobó que, para ocultar parte de los sectores clandestinos de los talleres donde dormían las víctimas, se construyeron paredes y muros falsos, que en algunos casos no superaban los 80 centímetros de altura. 

 

El juez consideró “que las víctimas fueron engañadas en cuanto a las condiciones laborales”, ya que ingresaban con la promesa de un sueldo de alrededor de 4.000 pesos, y finalmente terminaban cobrando entre 1.500 y 2.500 pesos. También se les había prometido regularizar su situación laboral, según se lee en los testimonios de la causa.