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Durante las dos horas que duró la audiencia de hoy, en el juicio oral y público por la tragedia ferroviaria de Once, se sentaron en el estrado seis de los imputados, todos vinculados a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA).  Dos se negaron a declarar, otros dos hablaron menos de tres minutos y los restantes apenas superaron los cinco. Ninguno aceptó preguntas y todos negaron la posibilidad de que haya habido desvío o malversación de fondos. En el comienzo de la audiencia se anunció que el debate no será televisado. Mañana declararía Claudio Cirigliano.

La causa, por el accidente ocurrido el 22 de febrero de 2012, tiene 29 imputados. 28 comparten la misma acusación: defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta en concurso real con el delito de estrago agravado por el resultado de muerte. Y uno, el motorman, Marcos Córdoba, está imputado por descarrilamiento culposo. Córdoba manejaba la formación conocida como “chapa 16” que a las 8:32 de la mañana se estrelló contra el andén número 2 de Once causando la muerte de 52 personas y heridas a 789.
 
El primero de los seis imputados en ser llamado en la audiencia de hoy por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2  fue Jorge Alberto De los Reyes, vicepresidente de TBA.  De los Reyes se negó a declarar por lo que los secretarios del juzgado leyeron su testimonio inicial en la causa. Los contratos operativos, la crisis del 2001 y las restricciones en los presupuestos fueron algunos de los puntos que sobrevoló la declaración que De los Reyes brindó poco después del accidente. De ese escrito también se desprendió que De los Reyes aseguraba no tener ningún tipo de responsabilidad con los hechos que se juzgan. Algo similar pasó con Guillermo Alberto D’Abenigno, gerente general de la línea Sarmiento de TBA, no declaró, ni respondió preguntas.
 
Más tarde llegó el turno de Aída Laura Ballestero. La mujer, de 53 años y ama de casa, integraba el directorio de TBA. Al ser consultada por los jueces acerca de si iba a hacer uso de su derecho a declarar, la mujer dijo que iba a hacer unas “aclaraciones”. Enumeró que el día de la tragedia su hija viajaba en la formación accidentada y que fue atendida en la guardia del hospital Británico de Buenos Aires. Y enseguida aclaró que si hubiera sabido que el tren no era seguro, no hubiera dejado ir a su hija ahí. Tras mirar al piso, y expresar lo nerviosa que estaba por la situación, detalló que había enviudado poco antes del choque y que otro de sus hijos acaba de ser diagnosticado con un tumor maligno por lo que quería acompañarlo y no estar sentada ahí. Luego de enumerar sus problemas familiares agregó: “No entiendo por qué estoy acá”. Tres minutos después de haberse sentado dio por terminado su testimonio.  Víctor Eduardo Astrella, mecánico de la firma, fue el siguiente y tan veloz como ella. Encargado de los controles de las formaciones afirmó que todo estaba en condiciones en el tren accidentado. No aceptó preguntas y se levantó.
 
Jorge Álvarez y Marcelo Alberto Calderón fueron los últimos en dar sus testimonios. Álvarez, que se retiró del directorio de TBA en 2010, habló de la idoneidad del personal y de la empresa y también negó la posibilidad de que haya habido desvío de fondos. Aseguró que para la empresa “la seguridad era lo primero”.  Calderón también fue breve. Repitió el esquema practicado por sus colegas. Pocas explicaciones y sin margen de preguntas.
 
El juicio entró en un cuarto intermedio hasta mañana a las 10 cuando el juicio prosiga, en principio con la declaración de Claudio Cirigliano, uno de los dueños de TBA.  
 
El debate no será televisado
 
En el comienzo de la audiencia se anunció que, finalmente, el debate no será televisado. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, hicieron lugar al pedido de las defensas y una de las querellas, que el martes pasado habían solicitado que no se continuará con la televisación.
 
A lo largo de sus fundamentos, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Tassara, Jorge Gorini, resaltaron la importancia de que se televisara para “garantizar los principios de publicidad”, el “control ciudadano del ejercicio del poder” y “se beneficiaba tanto a los enjuiciados como a la sociedad en su conjunto”. Pero resaltaron que “resulta imprescindible el consenso de todas las partes algo que aquí no se da”. Entre los argumentos para no televisar está el del fiscal de la causa que el juzgado tomó en los fundamentos: “podría afectar la prueba”.