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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitaron hoy a la Corte Suprema que habilite su participación en la causa donde se discute el sistema de la Procuración de Nación para nombrar fiscales subrogantes en cargos que vacantes. Es a raíz de un planteo de nulidad que presentó un particular en contra de la procuradora fiscal subrogante Alejandra Cordone Rosello, en una causa de derecho privado.

“Si bien empezó como una causa estrictamente de derecho privado, lo importante son las consecuencias, porque se cuestionaron las designaciones de fiscales subrogantes y esto ya es asunto público”, explicó a Infojus Noticias Agustín Carrara del CIPCE. En la causa se cuestionan medidas que resultaron fundamentales para la creación de unidades especializadas.Según los alcances que tenga el fallo de la Corte Suprema, podría llegar a afectar el funcionamiento de 40 fiscalías, varias de ellas a cargo de juicios de lesa humanidad, y de las procuradurías que investigan lavado  de dinero y violencia institucional.

La causa particular -que derivó en el pedido de las ONG- era entre Fiat y Automóviles Saavedra SA y data de 1998. Una vez que el caso llegó a la máxima instancia decisoria, la fiscal subrogante Rosello emitió su dictamen en marzo. Como lo desfavorecía en la causa, Antonio Conrado De Martino, titular de Automóviles Saavedra, cuestionó a Rosello. El 5 de junio, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, desestimó la impugnación de Conrado De Martino. Ahora la causa está en manos de la Corte Suprema.

El comunicado de las tres organizaciones indica que, de prosperar la impugnación de De Martino, “se pondrían en juego las facultades del jefe máximo de los fiscales para establecer los mecanismos que considera más eficaces para dar respuesta a las demandas concretas de la función fiscal en los distintos trámites judiciales, ya sea por razones de emergencia, vacancias o necesidades institucionales”. 

Las organizaciones no gubernamentales que suscriben la presentación tienen una reconocida trayectoria en la lucha contra la impunidad y en la defensa de los Derechos Humanos en el país. “Se podría ver afectada la creación de unidades especializadas dentro del Ministerio Público para perseguir fenómenos de criminalidad compleja y dañina, como son los delitos de lesa humanidad, finalidad económica, violencia institucional, trata de personas y narcotráfico”, dijo Carrara.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que para “procedimientos más ágiles, transparentes y que garanticen igualdad de oportunidad” se creó el régimen de concursos. El mismo ya cuenta con más de 400 inscriptos en cinco concursos para fiscales. La primera convocatoria desde que se habilitó el nuevo régimen de concursos públicos y abiertos aprobado por Gils Carbó marcó un récord histórico con 438 inscriptos. Desde la aprobación del reglamento de concursos públicos y abiertos para la elección de magistrados y magistradas del Ministerio Público Fiscal, se convocaron cinco concursos –Nº 94, 95, 96, 97 y 98–, que en total buscan nombrar a veinte fiscales en diversos puntos del país.