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Una medida judicial ordenó a la empresa Telefónica de Argentina S.A  a que garantice “sin discriminación” el acceso al servicio de telefonía e internet a dos barrios de la zona de Bajo Flores. La Justicia Civil y Comercial Federal concedió una medida cautelar solicitada por el Ministerio Público de la Defensa en representación de los vecinos de los barros Rivadavia I y II. La empresa negó reiteradamente la prestación del servicio aduciendo que se trata de “zona peligrosa”.

“Hay reclamos que tienen años sin respuesta. Una parte de los barrios tiene el cableado pero en pésimo estado, tanto que no pueden usar el servicio. Otros, directamente no tuvieron nunca el servicio. Cuando llaman a la empresa, les contestan que no tiene disponibilidad para acceder, porque es una zona peligrosa”, explicó a Infojus Noticias la abogada la Defensoría General, Mariana Kohan. “Lo que pedimos es el acceso a los servicios sin discriminación en todo el barrio y como medida cautelar, mientras se resuelva la cuestión de fondo, la empresa debe reparar y mantener el cableado a los que ya tiene el servicio”, explicó. 

El titular del Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 9,  Alejandro Saint Genez, concedió la medida cautelar el viernes 17 de julio. Ahora Telefónica –que ya tenía varias multas por su conducta discriminatoria– deberá arreglar y mantener el cableado en el plazo de 30 días. Las tareas deberán realizarse durante la feria judicial.

El pedido de “acción de usuarios y consumidores” fue presentado el 14 de julio pasado, por el Área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Secretaría General de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación. El caso llegó a la Defensoría a través del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

“Recibimos un dictamen del INADI del cual surge que se efectuaron varias denuncias de particulares contra Telefónica dado que se niega a proveer servicios bajo el argumento de considerar que los denunciantes viven en una zona peligrosa”, explicó Kohan. A partir del dictamen, el equipo de la Defensoría organizó reuniones en el barrio con los vecinos. Los damnificados eran cientos de familias. “Se organizaron, eligieron a tres representantes, y a través de ellos comenzamos a patrocinarlos”, explicó la abogada.

Para el INADI, la empresa prestadora de servicios telefónicos y de internet  incurre en “un acto discriminatorio en los términos de la Ley Nº 23.592”.  

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