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La Justicia de la Capital Federal habilitó la feria judicial para ordenarle al gobierno porteño medidas urgentes para garantizar la asistencia sanitaria a pacientes internados en el “Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer”, también conocido como “Fundación VITRA”. El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Darío Reynoso hizo lugar a un planteo de los pacientes Norberto Butler y Josefina Torres, quienes “iniciaron acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contra la Fundación de Vivienda y Trabajo para el Lisiado – VITRA (en su carácter de concesionario) a fin de que se condene a las demandadas a la inmediata realización de todas las reparaciones necesarias, así como la asignación de los enfermeros necesarios por las irregularidades y deficiencias edilicias del Hogar Respiratorio dependiente del Hospital María Ferrer”.

La acción judicial incluía un pedido para que “se ordene de manera inmediata a las demandadas, que subsanen todas las deficiencias informadas por la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina” respecto de fallas en el sistema de seguridad edilicio. Y también exigieron que “se intime a las demandadas a reparar en el plazo de dos días hábiles la alarma de desconexión del respirador de la señora Torres”.

El hospital María Ferrer, según la página oficial de internet del gobierno porteño, es un establecimiento de “atención Hospitalaria, rehabilitación psicofísica, salud mental y servicio de salud mental”, a cargo de Eduardo Schiavi, director, y José Luis Morer, subdirector. Con frecuencia los pacientes denuncian sobre fragilidades en la atención. En este mismo expediente, en octubre pasado el juez Aurelio Ammirato había requerido informes sobre “las causas del corte del suministro de gas y los plazos en los cuales se reestablecerá”, y en ese contexto requirió a la empresa Metrogas que se extremaran “todos los recaudos a su alcance para asignar la máxima prioridad en la restitución del servicio”. Los amparistas en este expediente advirtieron tiempo atrás que no funcionaba la alarma del respirador artificial que tiene instalado Torres para el caso de desconexión o corte de luz, que no se le ha asignado el personal de enfermería y que en algunas ocasiones no funciona el timbre llamador y las personas que la asistían no eran idóneos para la patología que padece. La Justicia rechazó el reclamo tras constatar que la mayoría de esas cuestiones estaban subsanadas.

Ante el receso judicial de verano, Butler y Torres pidieron la interrupción del parate de enero para resolver “cuestiones urgentes” relacionadas con la atención médica integral. Y el juez Reynoso, como magistrado de feria, consideró que “corresponde habilitar la feria judicial a los efectos de ordenar las medidas requeridas por los actores”. Así, insistió con la cuestión del suministro de gas, que parece no estar resuelta; “intimar mediante cédula con habilitación de días y horas inhábiles y con carácter urgente a las demandadas a que en el plazo de cinco días acrediten haber subsanado las deficiencias indicadas por la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal, a cuyo fin deberá acompañar copia del mencionado informe; intimar mediante cédula con habilitación de días y horas inhábiles y con carácter urgente a las demandadas a que informe en el plazo de cinco días la nómina del personal afectado al hogar, tareas a cargo, registro de asistencia con detalle de días y horarios durante todo el año 2013 e informe de licencias e inasistencias del personal, y que en el plazo de dos días hábiles, reparen la alarma de desconexión del respirador de la señora Torres”.