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La justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires suspender la obra de un paso bajo nivel en Saavedra, previsto en avenida Balbín y las vías del ferrocarril Mitre. El fallo hizo lugar al reclamo de los vecinos preocupados porque la obra agravaría las inundaciones en la zona. En 2013 seis personas murieron en la zona a causa de los desbordes. La resolución fue firmada por el juez en lo contencioso administrativo y tributario Roberto Gallardo fue en respuesta a una acción de amparo iniciada por vecinos de Saavedra, con el patrocinio de abogados de Nuevo Encuentro.

Los vecinos acompañaron su reclamo con un informe técnico de una ingeniera hidráulica de la Universidad de Buenos Aires, en el cual se concluye que la obra del túnel agravaría el ya colapsado sistema pluvial de Saavedra.

El 1 y 2 de abril de 2013 seis personas murieron en Saavedra a causa de la inundación que provoca el rebalse del arroyo Medrano cada vez que llueve con intensidad. Según los informes el Gobierno de la Ciudad no hizo hasta el momento ninguna de las obras estructurales necesarias para paliar el problema hídrico, con excepción de una parte de un reservorio en el Parque Sarmiento, aún sin finalizar.

Algunas de las asambleas barriales de Saavedra, organizaciones políticas que conforman el Unidos y Organizados y la Multisectorial de la Comuna 12 cuestionaron que el macrismo gaste parte de su presupuesto de obras públicas en el paso bajo nivel de Avenida Balbín y en la construcción del Metrobús de Avenida Cabildo.

“Resulta inexplicable que en un barrio en donde murió gente a causa de las inundaciones, el Gobierno de la Ciudad no haga las obras necesarias y, al mismo tiempo, promueva estas obras estéticas, como el Metrobus y el túnel ferroviario, que para los vecinos no resultan prioritarias”, dijo Mariano Przybylski, militante de Nuevo Encuentro y abogado patrocinante de los vecinos.

“Con estas obras no sólo el Gobierno no cumple con su obligación de asegurar la vivienda digna y el ambiente sano a los vecinos de Saavedra, sino que agrava la situación existente”, dijo Przybylski y concluyó que “en la audiencia pública en donde expusieron el proyecto del viaducto, todos los vecinos presentes se manifestaron en contra y exigieron obras pluviales. Sin embargo, el Gobierno de Macri no lo tuvo en cuenta y siguió adelante con un proyecto resuelto desde un escritorio de la Jefatura de Gobierno y a espaldas de la comunidad”.

En su resolución el juez Gallardo tomó como verosímiles las afirmaciones de los vecinos y el informe técnico aportado, y afirmó que “se encontraría acreditada en el caso la inminente afectación a los derechos constitucionales invocados por los amparistas, a un hábitat adecuado, a la salud integral, a un ambiente sano y a participar en la elección de las prioridades presupuestarias del barrio”.

Gallardo ordenó requerirle al Gobierno de la Ciudad copia del expediente administrativo en el cual se autorizó la obra cuestionada y su correspondiente informe de impacto ambiental. Y hasta poder evaluar la documentación pertinente, el magistrado dispuso la suspensión de “todos los trabajos iniciados o a iniciarse en el lugar, así como la instalación de obradores, maquinarias, y la realización de cualquier actividad o tarea preparatoria de las obras”.