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Los profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) deben atender las 24 horas en los domicilios los llamados de auxilio médico de los habitantes de las villas acompañados por personal de la Policía Metropolitana, por disposición de la justicia porteña.

La medida fue dispuesta por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de dos expedientes conexos. En uno se solicitaba el cese de la discriminación de los habitantes de la villa 31 y 31 Bis en el acceso a los derechos a la salud y la vida, y en otro, mediante una acción de amparo impulsado por la Asesoría Tutelar, se pidió una medida similar que abarque a todos los emplazamientos habitacionales precarios.

Unificando ambos pedidos, la Cámara ordenó al Gobierno porteño que preste "de manera permanente y durante las 24 horas del día servicios de emergencias en las villas, asentamientos y complejos habitacionales precarios y carenciados de la Ciudad, hasta el lugar o domicilio requerido para el auxilio".

La medida cautelar que determinó la prestación permanente de emergencias con ambulancias del SAME acompañadas de un móvil de la Policía Metropolitana, no sólo abarca a la Villa 31 y 31 bis de Retiro, sino que incluye a todas las villas y asentamientos porteños.

El Gobierno porteño había apelado una decisión similar de la justicia, que fue rechazada por las juezas Mariana Díaz y Fabiana Schafrik al considerar que "el propio director del SAME resaltó, en la audiencia llevada a cabo en este tribunal, la necesidad de que exista un acompañamiento por parte de la Policía para ingresar a las villas con las ambulancias".

Además, las magistradas resaltaron que el Ministerio de Justicia y Seguridad "no sólo no dio cumplimiento" al informe respecto a si podía proveer de un móvil a las tres áreas programáticas sanitarias, sino que "por el contrario, ni acreditó ni justificó por qué la infraestructura de la Policía Metropolitana no podría hacer frente a lo peticionado".

Las juezas resaltaron que el derecho a la salud "se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la vida y el principio de la autonomía personal" por lo que insistieron en la celeridad que requiere aplicar la medida.

En otra causa, en marzo, dos médicas del SAME fueron condenadas a tres años de prisión en suspenso, dos años de inhabilitación y otros dos de trabajos en un comedor comunitario, por negarse a entrar a la villa 31 a tratar a un paciente que finalmente murió por falta de atención.