El homicidio de Jorge Omar Gutiérrez
Ordenan reabrir la investigación por el crimen de un policía
Era el hermano del actual intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez. Lo asesinaron en 1994 de un tiro en la nuca por investigar la "aduana paralela". Nunca se avanzó con la causa. Ahora, el Tribunal de Casación Penal dictaminó que debe investigarse el homicidio.
El "Barba" Gutiérrez siempre intentó determinar quiénes habían asinado a su hermano.
Télam.
La investigación por el homicidio del subcomisario Jorge Omar Gutiérrez, hermano del intendente de Quilmes, se reactivó a partir de una decisión del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. El fallo es coherente con lo dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto de 2011. A 19 años del crimen, la justicia debe indagar en la ruta del narcotráfico para llegar al autor material e intelectual. La policía bonaerense, sospechada de alterar y eliminar pruebas, sería reemplazada por otra fuerza se seguridad en la investigación. Los avances de la nueva instancia judicial deberán ser informados cada tres meses a la Suprema Corte y al Tribunal de Casación.
El subcomisario Gutiérrez estaba casado y tenía tres hijos. Lo mataron el 29 de agosto de 1994 de un balazo en la nuca. El fusilamiento fue en la estación La Plata de la ex línea Roca. En ese entonces Gutiérrez prestaba servicio en la comisaría 2da de Avellaneda y estaba investigando los vínculos políticos y económicos del narcotráfico. Llegó a tener indicios claros sobre un depósito fiscal donde se guardaba droga que ingresaba por la conocida “aduana paralela”.
Para el intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez, el crimen está relacionado con la investigación que su hermano llegó a hacer sobre depósitos de la empresa Depósitos Fiscales SA (Defisa). “Desde el principio –dijo Gutiérrez- los testigos señalaron a dos policías como los asesinos. Los conocían porque eran los que cobraban los peajes a vendedores ambulantes en el tren Roca. Pero hubo que identificarlos porque sólo los conocían por los apodos de Chiquito y El Colo”.
En septiembre de 1994, Alejandro Santillán, al que conocían como “Chiquito” y era miembro de la Policía Federal, fue imputado como autor material del crimen. También Francisco Mostajo, conocido como “El Colorado”, de la Bonaerense. En 1996 Santillán fue condenado a reclusión perpetua. Se apeló la sentencia y la Cámara Federal lo absolvió “por dudas insalvables sobre su responsabilidad”. Desde entonces está libre. Todo volvió a cero. Y se reactivó en 2009, con la detención de Mostajo.
La Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense decidió declarar la nulidad de la incompetencia que se atribuyó la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías. La Sala I se había desligado de juzgar el hecho que investigó en la etapa de instrucción. Casación entendió que era esa misma instancia la que debía juzgar el hecho, aunque con una conformación diferente que garantizara la imparcialidad. Dio intervención a la Fiscalía General de La Plata para que designe a la Unidad Fiscal que deberá llevar adelante la investigación “para determinar las intervenciones en la ‘preparación y ejecución’ del homicidio de características mafiosas”.
En el fallo, los jueces Víctor Violini y Ricardo Borinsky piden hacer una investigación “completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad intelectual y material de todos los demás que hayan intervenido en la preparación y ejecución del homicidio, como en la eventual alteración o desaparición de elementos de prueba”.
Uno de los secretarios de la Sala III, al ser consultado por Infojus Noticias sobre qué fuerza de seguridad intervendrá en la investigación, dijo que si bien no fue aclarado en el fallo y ahora está en manos de la fiscalía, "resulta evidente que no puede ser la misma policía bonaerense y es probable que sea Gendarmería".
Una historia de violencia
La serie de muertes asociada a la “aduana paralela” no termina en este homicidio. Hay una larga serie de crímenes alrededor de la investigación. En 1990 encontraron muerto al administrador de Aduanas, el brigadier Rodolfo Etchegoyen. Se habló de un suicidio, aunque sus familiares y allegados siempre sostuvieron que Etchegoyen estaba investigando el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Entre sus pistas estaban los depósitos fiscales de Edcadasa, una de las empresas del empresario Alfredo Yabrán.
Durante la breve presidencia de Eduardo Duhalde, en 2002, el ahora intendente de Quilmes era diputado. Pidió entonces que el caso fuera investigado por dos policías de los cuales podía fiarse por su desempeño: el comisario Orlando Segura y el comisario Jorge Piazza. Orlando fue herido de bala, asesinaron a su custodio, su casa fue incendiada y se intentó secuestrar a su esposa. El 14 de febrero de 2003, diez días después de su desaparición, Piazza fue encontrado en un descampado de San Francisco Solano con un tiro en la nuca. En el expediente se lee que Piazza iba a presentar sus conclusiones a la comisión especial de investigación del asesinato del subcomisario Gutiérrez.
Todos los policías asesinados estaban tras la pista de los depósitos Defisa. Un asesor de la Comisión de Investigación de la Aduana Paralela, Carlos Gussoni, que en 1994 denunció irregularidades en el sistema informático de la aduana, fue asesinado y lo quisieron hacer pasar por un accidente de tránsito. Le cortaron los frenos de su auto cuando estaba yendo a presentar las pruebas en contra de la empresa. También murió José Micuccio, jefe de la sección Registros de la aduana de Campana.
Relacionadas
A un año del crimen de Lola: “Lamentablemente la causa no ha avanzado”
Peritarán escuchas telefónicas a nueve años del crimen de Dalmasso
