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Diez diputados del Frente para la Victoria presentaron ayer un proyecto de ley para declarar de “utilidad pública” y “sujeto a expropiación” al 24 por ciento de las acciones de Papel Prensa. La iniciativa impone condiciones restrictivas para que el Estado transfiera esas acciones en el futuro. También prevé la remoción de los directores actuales de la empresa.

Además, hoy el juez Julián Ercolini pidió la tasación de Papel Prensa desde sus orígenes, sus balances históricos y la evolución del precio de sus acciones para comprobar si hubo “precio vil” en su venta durante la última dictadura cívico militar. Ercolini está a cargo de la causa que investiga posibles delitos en la transferencia de las acciones del Grupo Graiver al Grupo Clarín y La Nación a fines de 1976.

El proyecto del oficialismo estipula que las acciones a expropiar son las de clase A y C, distribuidas en su mayor parte entre el Grupo Clarín y La Nación. De aprobarse la ley, el Estado nacional pasaría a controlar el 51,5 por ciento de las acciones totales, mientras que Clarín conservaría casi el 25, y La Nación el 15, y el resto seguiría en manos de Cimeco, una empresa relacionada con ambos diarios. Al día de hoy, Clarín tiene el 37 por ciento de la empresa, y La Nación el 22.

Carlos Kunkel encabeza la propuesta, firmada también por Diana Conti, Adriana Puiggrós, Gloria Bidegain, Andrea García, Gastón Harispe, María Teresa García, Graciela Giannettasio, Dulce Granados y Luis Cigogna.

Adriana Puiggrós consideró que “la producción del papel para diarios no puede estar en manos del grupo dominante en materia de medios en general, y de producción gráfica en particular”. En diálogo con Infojus dijo que “se busca cumplir con el artículo 42 de la Constitución Nacional”, que estipula que el gobierno debe regular los monopolios.

El texto presentado por los diputados consigna que Papel Prensa seguirá operando como sociedad anónima abierta, tal como sucedió con YPF, para conservar la organización societaria y garantizar la participación privada de las empresas que poseen acciones. En su séptimo y último artículo, el proyecto resuelve que la Comisión Nacional de Valores deberá convocar a una asamblea de accionistas el día de la promulgación de la ley, para tratar “la remoción de la totalidad de los directores y síndicos, y la designación de sus reemplazantes”.

Para poder transferir nuevamente esas acciones, el Estado estará obligado a contar con una ley votada por dos tercios de los miembros de cada Cámara del Congreso. Esa mayoría especial es requerida en muy pocos casos en la Constitución Nacional, pero para Puiggrós demuestra que “no es cuestión de sacársela a una empresa para dársela a otra”. Sostuvo que “el Estado no es una empresa más, sino el representante del conjunto de los argentinos, que debe velar por su bienestar”.

Ante los rumores de una posible intervención de la empresa, la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires explicó que no se trata de una medida que puedan resolver desde el Congreso, pero que será una diligencia deberá evaluar el Poder Ejecutivo. Los rumores surgieron a partir del procedimiento que se siguió para expropiar el 51% de las acciones de YPF, cuando se intervino la empresa para garantizar que no se fraguaran los documentos que certifican la operatoria de la empresa.

A fines de 2011, el Congreso sancionó la ley 26.736, en la que declaró de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios. La ley, que tiene vigencia desde comienzos del año pasado, buscaba “asegurar la distribución regular y confiable de pasta celular para papel de diario y de papel para diarios”.

El pasado negro de Papel Prensa

La empresa nació a partir de las iniciativas de los ex dictadores Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín Lanusse. En 1973, casi la totalidad de las acciones fueron transferidas a Luis Rey y a Rafael Ianover, y para 1975 el Grupo Graiver pasó a controlar la empresa. En agosto de 1976, David Graiver murió en un controversial accidente aéreo.

Lidia Papaleo de Graiver, la viuda de David, denunció que fue obligada a firmar la transferencia de las acciones, y luego fue secuestrada y permaneció desaparecida. Según su testimonio, Héctor Magnetto estuvo presente en la reunión en la que se la amenazó de muerte para que firmara la transferencia. Magnetto es actualmente el CEO del Grupo Clarín. Desde su desembarco en la firma, la empresa diversificó su actividad económica.

En 2010, la Secretaría de Comercio Interior realizó una investigación en la que se pusieron de manifiesto las maniobras ilícitas con las que el Grupo Clarín y La Nación obtuvieron el control de la empresa. El fruto de esa investigación fue el informe “Papel Prensa: la verdad”, que derivó en el juicio penal radicado en el juzgado de Julián Ercolini. La causa busca determinar si existieron delitos en la transferencia de las acciones del Grupo Graiver, y en ella están imputados Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Sergio, Marcos y Hugo Peralta Ramos, y el ex dictador José Rafael Videla, entre otros.