El CEO del grupo Clarín y uno de los dueños de la Nación habían presentado recursos de queja porque la causa en que se investiga el traspaso de Papel Prensa durante la dictadura está a cargo de la Justicia Federal de Capital y no de La Plata, como ellos exigían.
La Corte Suprema de Justicia tuvo “por no presentado” un recurso de queja de las defensas de Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre en el que cuestionaban la competencia de la Justicia Federal de la Capital para actuar en la causa en la que se investiga el traspaso de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar. La causa seguirá en manos del titular del juzgado Federal N° 10, Julián Ercolini.
Un conflicto de competencias iniciado tiempo atrás tuvo su revés final en la Corte Suprema de Justicia. Con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Maqueda y Carmen Argibay, el máximo tribunal consideró “no presentado” un recurso de queja de las defensas del CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y uno de los dueños del diario La Nación, Bartolomé Mitre.
Los empresarios, representados por Hugo Wortman Jofre y Alejandro Pérez Chada, recurrieron al máximo tribunal luego de que la sala III de la Cámara de Casación Penal considerara inadmisible un recurso de queja que presentaron contra una sentencia de la Cámara Federal que declaró la competencia de la Justicia Federal de la Capital para actuar en la causa. Más precisamente el juzgado Federal N° 10, a cargo de Julián Ercolini. La defensa pretendía que la causa este en la Justicia Federal de La Plata.
Según el fallo del máximo tribunal, firmado el pasado 24 de septiembre, “la parte recurrente no ha dado cumplimiento a la intimación que le formuló el secretario del tribunal”. Esto es, ante algunos “defectos” encontrados en la presentación se le comunica sobre ellos y se le da tiempo para “subsanarlos”. En caso de no hacerlo, se tiene “por no presentado”.
Por ello la causa en la que se investiga el traspaso de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar seguirá a cargo de Ercolini, tal y como lo decidiera la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.
Este “conflicto de competencias” incluso tuvo su round al interior de la Cámara Federal de Casación Penal en agosto de 2012 ya que debió, en pleno, resolver cuál de las salas que la integran resolvería el recurso planteado por las defensas.