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-¿Por qué la Corte Suprema decidió hacerse eco ahora del reclamo de los jueces de Salta, Jujuy y Tucumán?

-Los jueces federales del norte del país le plantearon a la Corte la necesidad de cobertura de cargos y de ampliación de servicios de Justicia para potenciar la lucha contra el narcotráfico. Los reclamos han sido diversos. No corresponden a un solo organismo, ni a un solo poder. Los reclamos apuntan a los tres poderes, porque hablan de aumentar el servicio de Justicia y eso requiere del Congreso. Hablan de cubrir cargos que están vacantes y la responsabilidad principal es del Consejo de la Magistratura. Construir nuevos edificios para tribunales en Salta, Jujuy, Tartagal y General San Martín es responsabilidad del Consejo de la Magistratura y de la Corte. Aumentar la cantidad de empleados de los juzgados es también responsabilidad del Consejo de la Magistratura y de la Corte.

-¿Qué le piden los jueces al Poder Ejecutivo?

-La ampliación de cárceles, por ejemplo. En este sentido les conviene recordar que la última gran cárcel que se inauguró es la de Güemes, en Salta, para 500 internos. Fue hace 18 meses. El Ejecutivo ha seguido con atención la necesidad de nuevos establecimientos carcelarios en la zona norte del país por el narcotráfico y ha respondido con un complejo penitenciario federal que está considerado el mejor de Latinoamérica. Algo que es obvio, pero que merece sostenerse, es que la lucha contra el narcotráfico es un tema principal en la agenda del Gobierno nacional. Nosotros consideramos que es uno de los delitos más graves que hoy preocupen a la humanidad. En Argentina, el Gobierno ha incrementado mucho la cantidad de efectivos de fuerzas de seguridad y se ha especializado en la lucha contra el narcotráfico. Se han abierto nuevos servicios de Justicia. El presupuesto del Poder Judicial en la gestión de Néstor Kirchner y Cristina ha aumentado casi geométricamente.

-También hacen referencia a la designación de jueces.

-La declaración de ayer promovida por los jueces federales de Salta contiene algunas series de imprecisiones bastante delicadas. Por ejemplo, plantear que es responsabilidad del Poder Ejecutivo la no cobertura de los cargos en la zona norte, cuando de 33 cargos, hay 13 que no están habilitados por el Consejo de la Magistratura. La responsabilidad del Poder Ejecutivo en cuanto a la evaluación de las ternas que se han enviado recae solamente en tres casos. Tres sobre 33. El Ejecutivo advirtió que el Consejo de la Magistratura venía trabajando con mucha mora en proponer ternas y como dato podemos dar que la última terna propuesta por el Consejo de la Magistratura fue del 11 de octubre de 2012. Llevamos un año y un mes sin que el Consejo de la Magistratura eleve ternas para la cobertura de las vacantes. Y el Consejo de la Magistratura no es un órgano del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial, donde están representados los jueces. No puede haber justicia sin jueces, pero el órgano que los selecciona está paralizado.

-¿Es por eso que el gobierno propuso una reforma de ese organismo?

-El Poder Ejecutivo elevó un proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, dentro del marco de la democratización de la Justicia, que quería superar esta crisis que ya advertíamos de parálisis del Consejo de la Magistratura y además permitir un mecanismo más ágil de designación de jueces y dar participación ciudadana, para que los ciudadanos puedan votar a quienes hoy dirigen las corporaciones entre cuatro paredes. Me refiero a los jueces que van al Consejo de la Magistratura, los abogados que van al Consejo de la Magistratura, a los académicos que se eligen en forma totalmente corporativa hoy. El proyecto del Ejecutivo era que los ciudadanos puedan votar y elegir en forma directa y, sin embargo, la misma justicia lo paralizó considerándolo inconstitucional, cosa que nosotros discrepamos.

-A partir de esta resolución de la Corte, ¿qué medidas tomará el Ejecutivo?

-De 13 miembros que tiene el Consejo de la Magistratura tenemos solo uno. Y vamos a insistir en que se destrabe el funcionamiento del Consejo, que está paralizado. No solamente para designar jueces. Los jueces reclaman cuatro edificios para los tribunales nuevos en Salta, Jujuy, Tartagal y en Villa General San Martín, que construyan los edificios, para eso tienen un presupuesto que el Ejecutivo les envía todos los años y que se ha ido incrementando en forma geométrica desde la asunción de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Hablan de la necesidad de centros periciales: no es responsabilidad de nosotros, sí del Consejo de la Magistratura.

-¿Qué hizo puntualmente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos?

-Este Ministerio llevó adelante el plan de laboratorios forenses en Argentina, el plan federal con las justicias provinciales, con los ministerios públicos provinciales. Y dotamos al país de 8 laboratorios regionales en el NEA, NOA, Cuyo, Centro, Patagonia Norte y Patagonia Sur y 24 laboratorios satélites. Hay una red federal de laboratorios que los pudimos hacer con las justicias provinciales, pese a que somos un gobierno federal. Y pese a que transferimos los fondos al Poder Judicial, hoy están reclamando el laboratorio que no es responsabilidad nuestra.

-Además de la designación de jueces, ¿qué debería hacer la Justicia?

-Tener mayor celeridad. En la zona norte, de Salta hay juzgados que demoran un año en elevar a juicio una causa por narcotráfico. Eso significa un incremento en la población carcelaria absurda. Hoy el sistema penitenciario federal tiene 9482 internos, de los cuales más 4600 están procesados. Es decir, tenemos el 50 por ciento de la población carcelaria ocupando plazas dentro del servicio penitenciario federal y no sabemos si son inocentes o culpables. Y eso es producto de la mora judicial. Probablemente, un porcentaje altísimo sea inocente. Tener inocentes en prisión, además de vulnerar un derecho humano, genera una sobrepoblación carcelaria. Y se da concretamente en un juzgado federal de Salta, que demora un año las causas en elevarse a juicio.