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En sus palabras finales ante el Tribunal, la mañana del viernes 19 de abril José Pedraza dijo: “Espero que el veredicto final refleje el Derecho y la Justicia, que no haya habido ningún tipo de interferencias, ni mediáticas, ni políticas”. Era un anuncio de la estrategia que encararía después de ser condenado a quince años de prisión, por su participación necesaria en el homicidio de Mariano Ferreyra.

El juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra no sólo desnudó las consecuencias de la precarización laboral. Abrió algunas puertas para investigar otros mecanismos de funcionamiento del Poder Judicial. Por debajo de la causa que tanto interés despertó en la opinión pública, hay una trama judicial en la que se cruzan abogados y jueces cuestionados por sus accionar. Del juicio por la muerte de Mariano Ferreyra ya se desprendieron dos causas judiciales y el pedido de juicio político a un camarista.

Carlos Froment, el abogado de Pedraza, adelantó que está preparando la apelación -en rigor, un recurso de casación-. A pesar de la crítica a las condenas mediáticas, el ex sindicalista usó los medios para difundir sus próximos pasos. Recién podrá presentarse a la Justicia a partir del 17 de junio, después de que se conozcan los fundamentos del fallo.

Para el abogado de Pedraza, el dato más importante que se desprende de la sentencia es que "no está probada la instigación, para instigar hay que determinar directamente a otro". Será uno de los ejes del recurso de casación. Al mismo tiempo, su defensa cuestionará a los testigos aportados por la fiscalía y la querella, y apuntará a que nunca se probó que Pedraza haya estado en contacto con el delegado Pablo Díaz (partícipe necesario) y Cristian Favale (uno de los culpables en la coautoría material del hecho). Dirá que estos testigos solo se refirieron al accionar de Pedraza como sindicalista durante el menemismo. Según su opinión, se habría condenado a Pedraza por sus antecedentes y no por lo que hizo el 20 de octubre de 2010.

En el ámbito judicial, el abogado de Pedraza es conocido por sus antecedentes en causas resonantes. En su juventud fue defensor del dictador Roberto Viola en el primer Juicio a las Juntas Militares. También representó a Antonio Erman González, ex ministro de Defensa de Carlos Menem, en la causa por contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Defendió a Ricardo Darín en la causa en el que se lo investigó por evasión fiscal, y más recientemente fue abogado de Callejeros en el juicio por la tragedia de Cromañón.

Consultado por las declaraciones de Froment sobre la condena de Pedraza, Alberto Bovino, abogado del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) que representa a la familia de Ferreyra, dijo: “Lo que hicimos en nuestro alegato es demostrar por qué Pedraza tenía interés en atacar el reclamo de los tercerizados. Por eso el alegato contuvo pasajes sobre la tercerización. Pero no creo que eso haya sido motivo para que el Tribunal lo condene, son elementos para darle sentido a lo que pasó”. Para Bovino, la estrategia de la defensa fue cuestionar la legitimidad de las víctimas, por eso insistió durante el juicio -y también en las últimas palabras de Pedraza- en que la familia de Ferreyra había pedido una reparación económica. “Cualquier persona a la que le matan a un hijo tiene derecho a un resarcimiento económico. Es mala la estrategia de la defensa en ese sentido, Froment pretende que se tome en cuenta la conducta posterior de la familia Ferreyra para explicar una supuesta politización del caso. Al mismo tiempo, pretende que la conducta anterior y posterior de Pedraza no se tenga en cuenta”.

Cuando el recurso presentado por Froment llegue a Casación ingresará en la Sala III, integrada por Liliana Catucci, Mariano Borinsky y Eduardo Riggi. Riggi deberá excusarse por ser protagonista de otra trama judicial derivada del asesinato de Ferreyra.

El viernes pasado, cuando comunicó los principales argumentos de la sentencia, el juez Horacio Días habló del “escandaloso intento de soborno” a la Cámara de Casación para evitar que las responsabilidades cayeran sobre Pedraza. Se refería al pago de 50 mil dólares a cambio de que se manipulara el sorteo de la Cámara para revocar el procesamiento de los acusados por el crimen. Por ese intento de soborno se inició otro juicio en el que Pedraza está procesado junto a otras cuatro personas.

Por los mismos motivos, en septiembre de 2012 el CELS denunció a Riggi en el Consejo de la Magistratura. Pidió que se le inicie el proceso de remoción que implica el juicio político. El CELS sostiene que en las escuchas ordenadas por la jueza Wilma López “aparecen conversaciones absolutamente impropias para un juez y que dan una pauta de sus vínculos con operadores de la justicia federal, expertos en hacer valer sus relaciones para obtener beneficios”. La causa contra Riggi no avanzó en el Consejo de la Magistratura, prácticamente paralizado en su funcionamiento desde hace unas semanas, a raíz de la reforma judicial.

Los antecedentes de Eduardo Riggi se remontan a 1978, cuando fue nombrado juez durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. Su carrera había comenzado en 1969 con un cargo en El Camarón, una Cámara Federal Penal creada por el gobierno del general Alejandro Lanusse para “juzgar la actividad subversiva”. El gobierno de Cámpora lo cesanteó pero al poco tiempo volvió y escaló posiciones nuevamente. Carlos Menem impulsó su nombramiento en Casación.

La otra causa judicial que se derivó del caso de Mariano Ferreyra llegará a juicio oral en junio. Está imputado el perito Roberto Locles acusado de intentar invalidar una prueba, cuando arrojó el proyectil que mató a Ferreyra contra una mesa y arruinó la pericia.