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“Vamos a tener que abocarnos desde el Ejecutivo y también desde este Legislativo a sancionar instrumentos que defiendan de una buena vez a los usuarios y consumidores frente al abuso de los sectores concentrados, oligopólicos y monopólicos”, dijo Cristina Fernández de Kirchner en la apertura de sesiones legislativas el último primero de marzo. Cuatro meses después, la presidenta presentó esta tarde en cadena nacional un paquete de leyes que llevará al Congreso, para defender a los usuarios y consumidores creando “una justicia” que los proteja.

La iniciativa busca crear una “nueva justicia del consumidor” basada en los principios de gratuidad, celeridad, inmediatez y oralidad. El anuncio se hizo en el Salón de las Mujeres del Bicentenario de la Casa Rosada. Antes, Cristina inauguró por videoconferencia el Paseo 9 de Julio en Lanús y la ampliación del hospital "Dr. Hector D`Agnillo" en Marcos Paz, ante la presencia de funcionarios nacionales y provinciales, legisladores, dirigentes políticos y sociales, y agrupaciones juveniles. Además, firmó junto a trece gobernadores otro trimestre más del Plan de Desendeudamiento de las provincias argentinas.

"Así como Perón creó la justicia para el trabajador, Cristina está creando hoy una justicia del consumidor", dijo Julián Álvarez, el secretario de Justicia de la Nación, cuando presentó el proyecto de ley que será enviado al legislativo. “La relación que se establece entre el usuario y el consumidor es asimétrica. Las empresas apelan las multas y se pasa un proceso ordinario. Pero no hay igualdad de partes. El principio rector de este proyecto es el pro-consumidor”, destacó Álvarez.

Después del anuncio de Álvarez habló Cristina. “Queremos darle el derecho a los consumidores de ser defendidos”, destacó. Y remarcó que la propuesta que enviarán al legislativo prevén reglamentar el artículo 42 de Defensa de Consumidor en la Constitución “no solo son para proteger los derechos de los usuarios sino también para darle más competitividad a la economía porque va exigir más responsabilidad de los empresarios”.

“Los usuarios y consumidores son los nuevos actores del siglo XXI y es justo que tengan sus derechos con una legislación moderna, eficaz y que le sirva a los consumidores”, dijo la presidenta

La propuesta se centra en tres proyectos de ley para la regulación de las relaciones de producción y consumo. Dentro de la iniciativa está la creación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones del Consumo (COPREC). Funcionará en todo el país bajo la órbita de la Secretaría de Comercio y tendrá conciliadores especializados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía. Además, ofrecerá patrocinio jurídico gratuito: el consumidor se podrá presentar a la audiencia con un defensor oficial de las Relaciones del Consumo. Si no se llega a un acuerdo, el consumidor podrá pedir una solución rápida ante la Secretaría de Comercio que tiene facultades para indemnizar por un monto hasta los 15 salarios mínimos ($55.000). O, de lo contrario, recurrir al nuevo fuero de la justicia nacional en las relaciones del consumo para exigir una reparación integral de hasta 60 salarios mínimos ($ 220.000).

Por otra parte, se sumarán al sistema de administración de Justicia ocho Juzgados de Primera Instancia y una Cámara de Apelaciones que actuará en dos Salas de tres jueces cada una. La Cámara de Apelaciones en las Relaciones de Consumo será competente para entender contra las sanciones establecidas en el marco de las leyes de Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia.

Además, dentro de la propuesta se contempla una serie de políticas y modificaciones legislativas en torno a la temática. Una de ellas es la creación del Observatorio de Precios de Insumos, Bienes y Servicios en el ámbito de la Secretaría de Comercio, para intervenir en situaciones previos de las cadenas de valor. Tendrán participaciones las Asociaciones de Consumidores y las áreas técnicas de los Ministerios de acuerdo a cada temática.

"Este nuevo sistema se complementará con herramientas de la Secretaría de Comercio y     fortalecerá leyes como la de abastecimiento, que autorizará ahora a que esa cartera imponga nuevas multas, de hasta 5 millones de pesos a quienes incumplan", dijo Alvarez en la presentación del paquete de leyes.  Y manifestó: "esperamos que las provincias adhieran a este sistema y que  los empresarios brinden un mejor servicio a los ciudadanos",

El panorama actual

Durante 2013, el 61% de los rubros denunciados por usuarios fueron las grandes empresas de telefonía celular (14%), automotores, (10%), televisión por cable (9%), telefonía fija (5%), bancos (5%), entre otros. Los principales motivos de denuncia son la entrega o prestación defectuosa, los débitos o cobros indebidos, el incumplimiento de oferta, la falta de entrega de bienes y el incumplimiento de las garantías.

“Hoy cuando se accede y hay multa, las empresas apelan esa multa y se va a un proceso ordinario que es para cuando hay igualdad ante las partes y acá no estamos ante igualdad de partes”, explicó el secretario de Justicia de la Nación durante el anuncio.

El diagnóstico actual indica que la mayoría de los consumidores quedan atrapados en el reclamo porque cualquier denuncia se vuelve una telaraña judicial. Cuando adquiere un bien o contrata un servicio si se encuentra con algún tipo de problema va a la empresa o a defensa al consumidor. En ese proceso existen una serie de problemas. El principal es que la conciliación no es obligatoria. Otro de los problemas que existen es que son pocos los casos que se denuncian. Además, la indemnización es baja, el consumidor no es parte del proceso y cuando la empresa apela a la denuncia el consumidor queda atrapado en los vaivenes del Poder Judicial. Pero el mayor problema en estos casos es que no existe una justicia para la especialidad.

El paquete de propuestas incluye la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor (24.240) que pretende que el recurso judicial que se interponga contra las multas tendrá efecto devolutivo para permitir su ejecución; será resuelto por la Cámara de la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo; la modificación de la Ley de Lealtad Comercial (22.802) para aumentar el tope de las multas para empresas que incumplan la normativa (de 500 mil pesos a 5 millones de pesos). Además, se incorporarán otro tipo de sanciones, como clausura del local, pérdida de beneficios fiscales, suspensión del registro de proveedores del Estado, entre otras. También se busca la modificación Ley de Defensa de la competencia (25.156) para fortalecer la Comisión de defensa de la competencia para la aplicación de la legislación antimonopolio y la modificación de la Ley de Abastecimiento (20.680) por nueva ley de Regulación de las relaciones de producción y consumo. En ese sentido, se busca derogar los artículos cuestionados que dieron argumentos a la inconstitucionalidad de su aplicación (expropiación, intervención de empresas y sanciones penales). Se propone facultar a la Secretaría de Comercio para imponer multas administrativas.

La iniciativa tiene como antecedente la creación de una justicia del Trabajador impulsada en 1944 por Juan Domingo Perón como una herramienta para plasmar en la realidad los nuevos derechos que ese nuevo país en nacimiento otorgaba a los trabajadores.