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El mediodía del 8 de septiembre de 2011 Bruno Pappa, un joven que vivía en el asentamiento La Fraga en Chacarita, iba a en bicicleta por la calle Lemos. Venía de robar ropa en un negocio de la zona y tenía un arma de juguete. Pappa se cruzó con Enzo Álvarez, un agente de la Policía Metropolitana que estaba de civil y pasaba caminando. Pappa bajó de la bici y le robó el bolso. El agente Álvarez lo corrió y, con ayuda de otras dos personas, lo tiró al suelo. También se acercó hasta ahí un agente de la Policía Federal, que había sido alertado por los vecinos. “No te apures que ya es boleta”, le dijo Álvarez al otro policía. Minutos después, el joven estaba tirado en el piso cuando Álvarez le disparó en la frente, a menos de 50 centímetros de distancia y con su arma reglamentaria. Álvarez y Pappa compartían algo: los dos tenían 25 años.

El último 25 de junio el fiscal Horacio Azzolin, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 49, pidió que la causa por el crimen de Pappa se elevara a juicio oral. Al igual que en otros casos de gatillo fácil, durante la etapa de instrucción la defensa del acusado intentó instalar la versión del “enfrentamiento”. Según  Álvarez, el disparo “salió” cuando ambos cayeron al piso y forcejearon. Pero el fiscal desestimó esta estrategia y descartó que haya actuado en “legítima defensa” porque el policía de la Metropolitana había declarado ante el juez que dos personas lo habían ayudado a reducir al joven.

Además, otros dos testigos declararon que la víctima en el piso no representaba ningún peligro para el agente que gatilló. Azzolin procesó al policía por “homicidio simple”. “Cabe concluir que Álvarez conoció y quiso el resultado fatal que devendría de su accionar”, dice el fallo de la fiscalía. Para el fiscal, el hombre tenía plena conciencia de lo que estaba haciendo por su “entrenamiento y la capacitación en el manejo de las armas de fuego que tenía por su calidad de policía”.

La defensa del acusado exigió que se apartara a Luis Hipólito Alén como querellante. Alén, que acompaña a la familia de Pappa en el proceso, se desempeña como Subsecretario de Protección de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El abogado del policía consideró que el caso no encuadra dentro de una violación a los derechos humanos. Para el fiscal se trata de “un planteo netamente dilatorio”.

En esa misma línea, en el fallo Azzolin menciona el caso de Walter Bulacio, el joven asesinado por agentes de la Policía Federal en 1991 en un recital de Los redonditos de Ricota. “Pensar que por tratarse de un hecho aislado cometido por una sola persona no permite encuadrarlo en esa categoría, es no dimensionar adecuadamente lo que puede considerarse la violación a un derecho humano, en los términos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso ‘Bulacio’. Por todo ello, indicó que debe rechazarse “de inmediato” la falta de acción intentada”, dice el dictamen de la fiscalía.

“Estamos esperando que nos den la fecha del juicio. Por suerte estamos acompañados por organizaciones que llevan causas de gatillo fácil, porque lo de Bruno fue eso, una muerte por gatillo fácil”, dijo a Infojus Noticias Claudia Beatriz Resina, la madre de crianza del joven asesinado.

El asentamiento en el que vivía Bruno Pappa es conocido como Villa Fraga o El playón de Chacarita. Está ubicado al costado de las vías del ferrocarril Urquiza, muy cerca de la estación Federico Lacroze. La villa fue ganándole espacio a terrenos que eran de los ferroviarios. En 2008 allí vivían700 personas. Hoy, según vecinos y organizaciones sociales que trabajan en el barrio, ese número se duplicó. Entre todos resistieron varios desalojos violentos. Así emplazaron el barrio de 38 pasillos y escasa circulación interna. Muchas de las manzanas que ocupa son galpones que pertenecían a los ferroviarios. Dentro de ellos la gente ubicó sus casillas y tendió sus conexiones eléctricas, de gas y agua.

El día que el policía de la Metropolitana mató a Bruno, los vecinos apedrearon una sede de esa fuerza ubicada en las cercanías, en Guzmán y Jorge Newbery. Fueron repelidos por los efectivos con balas de goma y gas pimienta. Al día siguiente el superintendente de Seguridad Comunitaria de la Metropolitana, Ricardo Pedace, justificó al policía Enzo Álvarez. Dijo que el agente “se defendió” y que el arma de plástico que llevaba el joven asesinado era una réplica. “Para saberlo había que tener un conocimiento muy acabado de la parte balística y de armamentismo”.

Ese mismo año, un mes antes, otro agente de la Metropolitana que circulaba de civil había matado en un colectivo a dos supuestos asaltantes que iban desarmados. Antes, otro efectivo de la fuerza comandada por la Ciudad de Buenos Aires, también con su arma reglamentaria, había matado a su vecino en la zona sur del Gran Buenos Aires.