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El fiscal federal Federico Delgado impulsó una acción penal para determinar qué ocurrió con fondos públicos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que fueron falsamente consignados como pauta publicitaria. En el escrito, presentado ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, se destaca que fueron “llamativa y burdamente desviados” y que lo esencial será “develar el destino de esos fondos millonarios”. Entre las medidas pedidas al magistrado está que se intime al área correspondiente del GCBA para que “realice un informe pormenorizado sobre el destino dado a los fondos consignados como pauta publicitaria a todas las emisoras mencionadas”.

La causa se inició a comienzos de septiembre pasado tras una denuncia de Julia Merediz, en representación de la “Cooperativa de Trabajo La Usina de Ideas Ltda”. En ese momento, Merediz  acusó a Pablo Facundo Gaytan, titular de la Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a Miguel Ángel Godoy, a cargo de la Secretaría de Medios del gobierno porteño, por presuntas irregularidades en la contratación de los proveedores publicitarios, la distribución de la pauta y la publicación de la información oficial al respecto en el sitio web del GCBA, señala el escrito de seis páginas firmado por Delgado.

La denuncia sostuvo que, detrás de la publicación de datos falsos relativos a la distribución de la pauta publicitaria en el sitio web del GCBA, “se esconden maniobras destinadas a desviar fondos millonarios del gobierno porteño”. Merediz evaluó en su denuncia que los comportamientos allí citados podrían encuadrar en los delitos de peculado, falsificación de documentos privados y/o lavado de dinero.

La presentación explica que la cooperativa representada por Merediz es la encargada de gestionar la Radio Ahijuna FM 94.7, una radio comunitaria que transmite desde la Biblioteca Pública y Complejo Cultural Mariano Moreno, de  Bernal, y se escucha en varios partidos cercanos. Hasta julio de este año, la radio  difundía en su programación avisos publicitarios del GCBA, lo que se vio interrumpido después de que se tomara conocimiento, a partir de una nota publicada en el diario La Nación, que en la página web oficial del gobierno porteño “se consignó que la radio recibió ingresos por publicidad oficial por la suma de $618.638,80 durante los años 2013/2014, cuando, en rigor de verdad, obtuvo solamente $35.580,15”. Ahijuna no es proveedora directa del gobierno porteño, sino que la pauta llegaba a ellos a través de intermediarios, los denominados “bolseros” o agencias, quienes son los encargados de comprar espacios en los medios y luego venderlos a los auspiciantes.

Casi nueve millones

En el escrito también se señala que entre las empresas y sociedades que actuarían como intermediarias entre el gobierno porteño y los medios de comunicación, a nombre de quienes se factura la pauta, hay un nombre “que se repite en la mayoría de los casos es el de María Luz Altobelli”. La mujer es una “esteticista que -según surge de la documentación acompañada- tendría un spa y una clínica de liposucción en San Isidro llamada “Gerove”, y sería una de las encargadas de ofrecer la pauta del GCBA”, se explicita. 

Otro de los nombres que aparece es el de su pareja, Juan Pablo Catanzaro, un polista relacionado con la empresa “Media 4, quien “también se encontraría involucrado en las maniobras y además, según el diario Página/12, comercializaría pautas publicitarias del Banco Provincia”, se agrega en él escrito. El nombre de Juan Cruz Fassi es otro de los que surge de esa nota periodística, vinculado con la firma “Media Cruz”. “Estas empresas y sociedades cambiarían sus denominaciones y  sus domicilios con frecuencia, los cuales no coincidirían con las direcciones de facturación”, explica el escrito.

De la denuncia realizada por Merediz surge la existencia de otros tres medios de comunicación estarían en una situación similar a la  Ahijuna. Y en la presentación realizada por Delgado, además de estos medios se detallan varios otros medios de comunicación mencionados en Página/12. De allí surgen casos similares que ascenderían a $ 8.954,803, una suma que podría incrementarse dado que existirían más radios en situaciones similares a las expuestas.

Medidas solicitadas

Entre las medidas pedidas por Delgado a Martínez De Giorgi está que se “obtengan de la Secretaría de Comunicación Social y de la Secretaría de Medios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todos los expedientes que contengan los contratos mediante los cuales se otorgó pauta oficial a las emisoras y medios de comunicación individualizados en el dictamen en el período respectivo”. Y también toda documentación donde consten las cuentas bancarias donde se depositó el dinero, reglamentaciones internas referidas a la contratación de los proveedores publicitarios y la distribución de la pauta oficial. Que se reciba declaración testimonial a los dueños de los medios de comunicación involucrados y que además de testificar aporten las pruebas y documentación que estimen pertinentes, como facturas y constancias de depósitos.

Delgado también pidió que se solicite a “la Inspección General de Justicia que remita las actas constitutivas de “Media Cruz”, “Publiespacios SA”, “SDV Media SRL” y “DCLAS SRL”, y toda otra documentación que posea sobre ellas”. Y que se realicen averiguaciones las personas mencionadas en la causa.

Y también solicitó que se chequee si la web del gobierno porteño se encuentran publicados los datos relativos al otorgamiento de pauta. Y, en caso contrario, se le dé intervención a “alguna fuerza de seguridad especializada en la materia para que establezca si la web sufrió modificaciones/actualizaciones durante septiembre, y, en caso de que se haya eliminado información, se arbitren los medios necesarios para recuperarla.

CD/RA