Piden revocar el sobreseimiento del juez Luis Alberto Zelaya
El juez Luis Alberto Zelaya está acusado de convalidar torturas policiales en dos investigaciones. A pesar de las denuncias fue sobreseído por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal. Ahora el procurador fiscal Eduardo Casal emitió un dictamen ante la Corte para revocar su sobreseimiento.
El procurador fiscal Eduardo Casal emitió un dictamen ante la Corte Suprema en el que pide revocar sobreseimiento de Luis Alberto Zelaya, el juez que está acusado de convalidar torturas policiales en el marco de dos investigaciones. Una de ellas es la del secuestro del actual Jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, sucedido en 1991.
Se acusa al juez Zelaya de haber favorecido a agentes de la Policía Federal que “privaron de la libertad y torturaron” a Juan Carlos Bayarri para que se adjudicase el secuestro de Mauricio Macri, según indicó la Procuración General de la Nación. En la investigación que dio con “la banda de los Comisarios”, varios agentes policiales torturaron a Bayarri para que se inculpara.
La causa derivó en varias condenas, pero Zelaya omitió procesar a los policías involucrados en los apremios ilegales porque si lo hubiera hecho, “se caían las condenas de la causa Macri”. Bayarri fue acusado de integrar la banda, y estuvo 13 años detenido bajo prisión preventiva, hasta que el fallo definitivo lo dejó libre.
Un secretario del juzgado le expresó que era evidente que había que procesar a los policías, y Zelaya lo apartó de la causa. Otro empleado contó que el juez le dijo en tono gracioso que a Bayarri y Benito –otro detenido- “les dieron para que tengan, los cagaron a golpes”.
Otro de los trabajadores del juzgado relató que Zelaya le había aclarado que “no pensaba hacer nada con esa causa hasta que la Cámara se lo ordenara”. Los testimonios fueron divulgados a través del Ministerio Público Fiscal.
Las omisiones de Zelaya
En 1988, un ciudadano uruguayo, Juan Bruno Alves, fue detenido junto a su abogado, Alberto Pérez Galindo. Los agentes que realizaron la detención pertenecían a la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, que actuaron en el marco de un procedimiento fraguado.
A Bruno Alves lo torturaron para que diera información de Pérez Galindo, al que le iniciaron una causa penal aun sin razones fundadas. Según la Procuración, las pruebas indicaron que se trataba de una represalia contra el abogado por defender a un involucrado en otro caso. El juez Zelaya “deliberadamente omitió investigar y fallar al respecto de los hechos”, señala el comunicado del Ministerio Público.
El juez Zelaya fue imputado en primera instancia por no investigar las violaciones a los derechos humanos y a las garantías constitucionales del debido proceso, pero lo sobreseyeron. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento, pero ahora el procurador fiscal Eduardo Casal dictaminó ante la Corte Suprema que corresponde revocarlo y continuar la investigación sobre la actuación del juez.
Casal explicó que desde que Zelaya recibió la causa sobre las torturas infligidas por los funcionarios policiales pasaron doce años hasta que dictó el procesamiento con prisión preventiva para ocho de los agentes de la Policía Federal. Lo hizo recién cuando la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal anuló la confesión de Bayarri por haber sido obtenida a través de apremios ilegales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por ambos casos, y lo obligó a pagar dos indemnizaciones. Por el caso de Bueno Alves, además, ordenó que se realice una investigación para dar con los responsables.
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