El Estado argentino depositó los 539 millones de dólares en la cuenta que el BoNY tiene en el Banco Central de la República Argentina, y ese acuerdo se hizo mediante la filial que tiene personería jurídica en Argentina. La decisión del juez norteamericano podría ser revertida por una sentencia local.
La medida cautelar que impuso el juez estadounidense Thomas Griesa para congelar los pagos del Banco Mellon de Nueva York (BoNY) a los bonistas que ingresaron al canje podría ser revertida por una medida local. Es porque buena parte de los 539 millones de dólares depositados en la cuenta de ese banco el 26 de junio pasado no tiene como destino la plaza neoyorquina y no debería verse afectada por la decisión del juez de los Estados Unidos.
El depósito del Estado se realizó en la cuenta que el BoNY tiene en el Banco Central de la República Argentina, y el acuerdo con el banco fue realizado mediante la filial con personería jurídica local. Esas condiciones implican que el banco se rija por leyes argentinas, como la ley de sociedades y de entidades financieras, y a la vez su funcionamiento pueda ser revisado por los tribunales argentinos. Para los pagos que deben realizarse en la Argentina, la decisión de Griesa no tiene validez.
Los bonistas que cobran los pagos argentinos en otras plazas financieras que no son Nueva York podrían impulsar acciones judiciales contra el BoNY, que a raíz de la decisión de Griesa estaría incumpliendo sus obligaciones como agente fiduciario. El juez está legitimado para intervenir en el litigio que mantienen los fondos buitre contra la Argentina, pero no tiene facultades para afectar un contrato que transcurre en otra plaza y no tiene ninguna clase de “efectos jurídicos” sobre los límites de su jurisdicción.
El Gobierno publicó hoy una solicitada dirigida a los bonistas que ingresaron al canje, en la que resalta que les asisten “varios derechos –y sus consecuentes remedios judiciales– a su disposición” ante la posibilidad de que “el agente fiduciario incumpla con sus obligaciones, en particular la de transferir los importes por los pagos que la República Argentina ha realizado a su favor”. Esos remedios surgen en virtud del prospecto firmado en los canjes de deuda soberana de 2005 y 2010.
Para un bonista que aceptó las condiciones de la reestructuración, y cobra habitualmente sus cuotas en Buenos Aires, Luxemburgo, Tokio, Londres, Luxemburgo y Bruselas, la situación es insólita: el banco le avisa que no le pagará su dinero hasta que no se lo ordene un juez de Nueva York, que entiende en un litigio ajeno a su contrato y en una jurisdicción que no es la suya. Es la misma razón por la que el Ministerio de Economía intimará al Citibank Argentina y el BoNY para que distribuyan normalmente los pagos que Argentina realizó en tiempo y forma.
En la solicitada, el Gobierno afirma que “la Corte de Distrito Sur de Nueva York no tiene jurisdicción sobre los Bonos Reestructurados en 2005 y 2010, y los Bonistas Reestructurados y el BNY Mellon no son parte en el litigio” de los fondos buitre. De esa forma, se aclaró que Griesa ya no sólo está decidiendo sobre asuntos que le competen, sino que está afectando la política doméstica de la Argentina, y los contratos que el país mantiene con bonistas en otros países del mundo ajenos a los Estados Unidos.