Infojus Noticias

En la que fue la última reunión del año, el Consejo de la Magistratura postergó para el año que viene el tratamiento de los dictámenes que proponían iniciar juicios políticos contra el juez federal Daniel Rafecas y el juez civil Diego Sánchez. Para suspender y enviar a juicio político un juez hacen falta los dos tercios de los votos de los trece integrantes. También citaron a seis magistrados para que den explicaciones en diversas denuncias contra ellos.

El inició de la reunión fue por la tarde, en el edificio ubicado sobre la calle Libertad. Cerca de las 14 empezaron a llegar los consejeros al segundo piso del edificio, donde está la sala de plenarios. Aunque habían llegado al edificio horas antes, para comenzar con las negociaciones. Era un día con temas de repercusión mediática. Hubo rumores previos: en el caso de la denuncia contra Rafecas, que habría una decisión “salomónica” que implicaba una sanción económica con una multa porcentual aplicada al sueldo. Los periodistas fueron llegando, aunque esta vez no hubo cámaras de televisión.

Rafecas fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por un intercambio de mensajes de texto y de Whatsapp con el abogado Danilo Danuzzo Iturraspe, abogado de José María Núñez Carmona, en la causa abierta por la venta de la ex Ciccone Calcográfica. En su descargo, Rafecas negó los cargos y adujo que ese intercambio de mensajes con el letrado no estaba relacionado con las "decisiones jurisdiccionales", es decir la causa de la cual fue apartado de inmediato.

Sánchez está denunciado por “mal desempeño en sus funciones”. Como señaló Infojus Noticias en varias notas, el magistrado “no concurre a los acuerdos”. Ante una nota que le comunicó la realización de algún acuerdo, respondió “que se diviertan”. Además, tildó de “brujas” a sus compañeras, Patricia Barbieri y Ana Brilla de Serrat, en notas y en sentencias. También a otros colegas. Y adjuntó dibujos para dar cuenta de estas calificaciones.

Sánchez, a diferencia de Rafecas, estaba presente en el Consejo de la Magistratura junto a una sobrina. Se quedó hasta el final de las reuniones. La jornada comenzó con la reunión de la Comisión de Administración que aprobó expedientes de carácter administrativo. Después vino el plato fuerte: la comisión de Disciplina y Acusación. Tal y como estaba pautado, lo primero que analizaron fueron las denuncias. Si hubieran sido aprobadas, pasarían al plenario.

Marcelo Fuentes (FpV) se sentó en la cabecera de la mesa, como presidente de la comisión. De manera ágil los temas tratados eran resueltos o postergados, el tiempo pasaba rápido. Los expedientes sobre Rafecas y Sánchez estaban en los lugares 27 y 28 de tratamiento. Primero fue el expediente de Sánchez. El consejero Carlos Moreno (FpV) tomo la palabra y pidió “la postergación del expediente”.

Como hoy fue la última reunión del año del Consejo, los casos no se tratarán, al menos, hasta febrero próximo. Lo mismo pasó con el expediente sobre el conflicto de la sala D. En ese caso fue el representante del Poder Ejecutivo, Hernán Ordiales, quien pidió que se postergue la decisión.

Según el reglamento del Consejo de la Magistratura, en particular el de la comisión de Disciplina, los expedientes pueden ser postergados hasta tres veces a pedido de cualquier consejero. Luego de ello la comisión debe expedirse sobre el caso sí o sí. Esta es la primera postergación de ambos expediente. La mayoría de los periodistas que habían ido se fueron. La reunión continuó.

Los dos jueces tenían otras dos denuncias que figuraban para ser tratadas hoy. Rafecas, una planteada por el Grupo Clarín por su actuación en la causa Papel Prensa. También se postergó una nueva citación a Sánchez en los términos del artículo 20, una especie de declaración indagatoria, en otro expediente donde el magistrado fue denunciado por su accionar con respecto a sus colegas.

Magistrados citados a dar explicaciones

Más allá de las postergaciones del tratamiento en los casos de Sánchez y Rafecas, la Comisión de Disciplina citó a seis jueces denunciados en el Consejo para que den explicaciones por su actuación como jueces. Ellos son: los jueces de la Seguridad Social Luis Herrero y Emilio Fernández; los integrantes del TOF N° 5, Germán Castelli, Daniel Obligado, Ricardo Farías (estos dos últimos en dos expedientes diferentes) y del juez federal de Posadas, Ramón Chávez.

En cuanto a la citación de los integrantes del TOF 5, Obligado, Farías y Castelli, la denuncia fue presentada por Abuelas de Plaza de Mayo y tiene que ver con que este tribunal dio permiso al ex prefecto Juan Azic para asistir al casamiento de una de las dos mujeres que se apropió ilegalmente cuando eran bebés (Victoria Donda y su hermana). La organización liderada por Estela de Carlotto consideró en la denuncia que “el tribunal haya asumido la tarea de ‘facilitar y estimular’ relaciones que, lejos de ser familiares, tienen como antecedente un gravísimo crimen”.

Dos de estos jueces están también citados en otra causa por una denuncia realizada por otro juez, Oscar Hergott. Integró junto a Obligado y Farías el tribunal que tuvo a su cargo la megacausa ESMA, pero Hergott fue desplazado de esta después de que se aceptara una recusación llevada a cabo por algunos de los militares juzgados.

También se aprobó la citación de Chávez, juez federal de Posadas, y los jueces de la sala II del fuero de la Seguridad Social, Herrero y Fernández.