Infojus Noticias

La justicia federal porteña deberá resolver en una demanda contra el uso de la llamada "píldora del día después" que inició en los tribunales cordobeses la Asociación Civil Portal de Belén que intenta evitar su comercialización. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que el expediente se tramite junto a otro iniciado el fuero Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires por la comercialización del medicamento “supuestamente nocivo”.

En Córdoba, la entidad “pro vida” Portal de Belén encabeza en los tribunales una campaña que intenta impedir cada avance que se da en materia de salud sexual y reproductiva en esa provincia. Autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) el medicamento que es objeto de pesquisas judiciales es un anticonceptivo de emergencia femenino que evita la implantación en el útero de un óvulo fecundado hasta cinco días después de la relación sexual, se recordó en la denuncia.

Para la organización la pastilla sería abortiva y se estaría ante el delito de "tráfico de medicamentos peligrosos para la salud". En la causa que inició en el Juzgado de Control n° 7 de Córdoba en 2006 el presidente de la asociación denunció a los directivos de los laboratorios Raffo S.A. y Monte Verde S.A. por la comercialización de la píldora bajo la marca “Segurite”. Mientras en la Capital Federal hay un proceso en el que se investiga, entre otras cosas, la autorización otorgada por la ANMAT para inscribir y comercializar esas mismas píldoras en todo el país.

Ahora, por resolución del máximo tribunal ambas acciones penales tramitaran en mano del juez Sergio Torres que lleva la denuncia contra un ex funcionario de la ANMAT, Claudio Amenedo, que autorizó la venta del fármaco.

En el dictamen que lleva la firma de los ministros Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay determinó que las causas deben unificarse. Como adelantó en junio la Procuradora Alejandra Gils Carbó los magistrados entendieron que “la alegada ilicitud de la distribución del medicamento depende centralmente de la ilicitud del procedimiento de autorización ante la ANMAT, cuya evaluación compete a la justicia federal”.

"Los hechos que son objeto del proceso que se ventila ante la justicia federal se relacionan con el procedimiento de autorización por parte de la ANMAT para la inscripción y comercialización del medicamento Segurite. Este procedimiento, que autoriza la comercialización no sólo en la provincia de Córdoba, sino en todo el país, está sujeto a la ley de carácter federal", había dictaminado la Procuradora.