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La Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de un contador público implicado en una presunta maniobra de lavado de activos de origen delictivo a través de sociedades pantalla, y le trabó embargo por 60 millones de pesos.

La Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos precisó que el fallo alcanzó a Mauricio Villavicencio Ahumada, involucrado en la causa 12.982 "Fontanellas Bobo, Sergio Marcelo y otros s/ encubrimiento art. 278 del Código Penal".

La medida, que en julio pasado había determinado la jueza María Servini de Cubría, fue confirmada por los camaristas.

La causa comenzó a partir de una investigación iniciada por la UIF en virtud de un Reporte de Operación Sospechosa por un monto de más de 400 mil dólares.

El informe presentado por la Unidad mostraba la "conexión de las maniobras económicas a través de empresas pantallas, cuentas bancarias, compra de tierras en Santiago del Estero, compra de automóviles de alta gama y operaciones inmobiliarias entre los mismos imputados, con el fin de dar apariencia lícita a las ganancias obtenidas de actividades ilícitas".

En su análisis, el organismo antilavado detectó irregularidades, tanto en las operaciones realizadas como en la situación patrimonial de los imputados.

El caso de la firma Crier SA, dedicada a la comercialización de productos agropecuarios, fue uno de los más notables, ya que tuvo un fuerte incremento patrimonial durante 2008, que no tenía relación con los ingresos declarados.

La empresa "no registraba retenciones por servicios de terceros ni por insumos agropecuarios, pero había efectuado operaciones de compra de moneda extranjera, aún sin acreditaciones en sus cuentas bancarias, y mostraba reiterados cambios de domicilio fiscal sin justificación", detalló la UIF.

La responsabilidad de Villavicencio Ahumada fue establecida a partir de su intervención en la confección del Estado de Situación Patrimonial de Sergio Fontanellas Bobo, a quien le atribuyó un capital de casi 11 millones de pesos, sin datos ni documentación  respaldatoria sobre el origen de los fondos.

También se encontraron irregularidades en los registros de operaciones y balances que realizara para Crier SA, al incorporar al sistema financiero los fondos de origen ilícito recibidos.

“El hecho de no formar parte de la sociedad no lo exime de responsabilidad, dado que su intervención como contador de la misma también fue activa", señaló la Cámara.

Añadió que el contador "llevaba los balances, declaraciones juradas, asesoraba a los socios en todo lo referente al tema impositivo y contable, teniendo de este modo un amplio y claro  panorama del movimiento de fondos y la acreditación de su origen y destino".