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Es por la causa Nº 12.982 “Fontanellas Bobo, Sergio Marcelo s/ encubrimiento Art. 278 C.P”. La jueza  federal María Servini de Cubría también procesó al contador de los hermanos Sergio y Cristian Fontanellas Bobo, Mauricio Villavicencio Ahumada, en tanto partícipe secundario del lavado de activos y ordenó el embargo de sus bienes por 60 millones de pesos.

La maniobra delictiva fue detectada en noviembre de 2011 a partir de la investigación iniciada por la Unidad de Información Financiera (UIF) en virtud de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por un monto de más de 400 mil dólares.

El informe del organismo antilavado dice que los hermanos Fontanellas Bobo habían creado cinco sociedades comerciales con el mismo domicilio fiscal, de las cuales solo una había realizado operaciones por una suma superior a 8 millones y medio de pesos, durante el período fiscal de 2010. Esto ocurrió entre junio y agosto de 2007.

La UIF presentó ante el juzgado un informe con las maniobras económico financieras desarrolladas a través de empresas pantallas, cuentas bancarias, compra de tierras en la provincia de Santiago del Estero, compra de automóviles de alta gama y operaciones inmobiliarias entre los mismos imputados, con el fin de dar apariencia lícita a las ganancias obtenidas de actividades ilícitas.

“El principal involucrado en la causa es Sergio Fontanellas Bobo, de nacionalidad peruana y argentina. Tenía como actividades registradas la agricultura, la ganadería, la caza y la sericultura. Su hermano, Cristian Fontanellas Bobo, quien también posee parte de las cinco sociedades anónimas se encuentra inscripto en el Régimen de Trabajadores Autónomos dentro de la categoría III. Es decir que su perfil económico no se corresponde con su carácter de accionista mayoritario en tales sociedades”, señaló la UIF.

El informe de la UIF

En su análisis, la UIF detectó irregularidades tanto en las operaciones realizadas como en la situación patrimonial de los imputados. Así, por ejemplo, no registraban empleados en relación de dependencia, arrendaban un inmueble rural del que se duda respecto de su explotación, y habían adquirido inmuebles y maquinarias en un breve período de tiempo sin registrar acreditaciones bancarias hasta diciembre de 2008.

“La firma Crier SA, dedicada a la comercialización de productos agropecuarios, había tenido un fuerte incremento patrimonial durante el 2008 que no podía ser explicado por sus ingresos declarados. La empresa no registraba retenciones por servicios de terceros ni por insumos agropecuarios, pero había efectuado operaciones de compra de moneda extranjera aun sin acreditaciones en sus cuentas bancarias, y mostraba reiterados cambios de domicilio fiscal sin justificación”, informó la UIF.

Durante los períodos fiscales 2008-2010 habrían ingresado a la firma más de ocho millones y medio de pesos como préstamos que generan pasivos a favor de terceros, varios de ellos impugnados por carecer de respaldo o provenir de una empresa apócrifa, o como aportes de capital por socios que no lograron demostrar su origen.

Para Servini de Cubría, la responsabilidad del contador Villavicencio Ahumada fue establecida a partir de su intervención en la confección del estado de situación patrimonial de Sergio Fontanellas Bobo, a quien le atribuyó un capital de casi once millones de pesos, sin datos ni documentación respaldatoria sobre el origen de los fondos. También se encontraron irregularidades en los registros de operaciones y balances que el realizara para Crier SA.

El organismo informa también que Sergio Fontanellas Bobo tiene un pedido de extradición realizado por las autoridades peruanas, donde se lo imputa por lavado de activos, en vinculación con la organización criminal que dirigía el ex jefe de inteligencia del gobierno de Fuyimori, Vladimiro Montesinos, dedicada al tráfico de estupefacientes.