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La audiencia convocada para esta tarde por el juez de Nueva York, Thomas Griesa, tiene como objetivo definir los pasos a seguir tras el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para cambiar la sede de pago  los bonistas.  La habilitación de la cláusula “Discovery”, que permite que se investigue la existencia de cuentas con fondos argentinos en Estados Unidos, será uno de los ejes centrales del encuentro. Paralelamente, NML, el fondo del millonario Paul Singer, pidió una "reunión de urgencia" a Griesa para que declare a la Argentina en desacato.

Para las 15 de Nueva York (16 de Argentina) está previsto que comience la audiencia, a la que están convocadas todas las partes y que se realizará en el piso 26 de la Corte Distrital del Sur de Manhattan.

Los abogados de los fondos que ganaron el juicio se encontrarán para analizar, entre otros aspectos, la forma de reclamar que se habilite de forma definitiva la cláusula "Discovery".  Esta implica que Griesa puede abrir la posibilidad para que sus pares en todo Estados Unidos, a pedido de los abogados de cualquiera de los fondos buitre, puedan  investigar la existencia de cuentas con dinero argentino en ese país.

Si Griesa habilita la claúsula Discovery, los fondos buitre pedirán a los jueces de los diferentes estados que embarguen esas supuestas cuentas.

El primer caso en que se mandó a investigar fondos argentinos fue en Nevada, por pedido de los abogados de Paul Singer. El juez Cam Ferenbach aceptó la solicitud para  investigar  123 supuestas sociedades de Lázaro Báez en Las Vegas, que está dentro del estado de Nevada. La meta principal de los holdouts es que se avalen potenciales embargos sobre Chevron.

El discurso de la Presidenta

En la audiencia de hoy estarán los abogados de los acreedores de bonos en default del fondo Olifant, Aurelius, ACP Master y Blue Angel. Y también los de los particulares argentinos que tampoco aceptaron los canjes de 2005 y 2010: Pablo Alberto Varela, Lila Inés Burgueño, Mirta Susana Diéguez, María Evangelina Carballo, Leandro Daniel Pomilio, Susana Aquerreta, María Elena Corral, Teresa Muñoz de Corral, Norma Elsa Lavorato, Carmen Irma Lavorato, César Rubén Vázquez, Norma Haydée Ginés y Marta Azucena Vázquez.

Entre los próximos pasos de los abogados estaría mandarle a Griesa los discursos que la Presidenta y el ministro de Economía, Axel Kicillof, junto al secretario de Legal y Técnica dieron en los últimos dos días. Estos ya habrían sido digitalizados y certificados por escribano público, aseguró el diario Ámbito financiero.

Luego de entregar el material pedirán una nueva audiencia con Griesa donde le reclamarán que avance con los embargos de los 539 millones de dólares que todavía están en el Bank of New York Mellon (BoNY).

Sin lugar a desacato

Los abogados del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton, que representan a la Argentina en la causa, se reunieron ayer y concluyeron que por el momento no sería posible una declaración inmediata de "desacato" por parte de Griesa. En primer lugar porque no hay antecedentes de una determinación así hacia un país soberano y, si la dictara,  debería esperar que el Congreso apruebe la ley y luego el Gobierno lo reglamente. En caso de que Griesa llegara a hacerlo, algo que había anunciado, los abogados que representan a Argentina consideran la apelación del fallo.

La semana pasada, el segundo Tribunal de Circuito de Apelaciones de Nueva York convocó a la Argentina, al Citibank y a un grupo de bonistas a una audiencia para el próximo 18 de septiembre para evaluar las apelaciones presentadas contra las resoluciones de Griesa. Una vez realizada la audiencia, el tribunal de segunda instancia deberá decidir si acepta o rechaza las apelaciones.

Del mecanismo de tratamiento “expeditivo” podría surgir una respuesta antes del 30 de septiembre, cuando vencería el plazo para cancelar la siguiente cuota de bonos Par. De revocar la medida de Griesa, los tenedores de bonos que acordaron con el país en 2005 y 2010 podrían cobrar su cuota del dinero depositado por Argentina en junio y las compañías aseguradoras ya no tendrían ningún argumento para sostener la idea de que el país está en default.