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El proyecto de ley de “Pago Soberano Local de la deuda exterior de la República Argentina” propone la creación de instrumentos para garantizar el pago de los bonos públicos reestructurados en 2005 y 2010. Se trata de una alternativa planteada por el Gobierno ante “la ilegítima e ilegal obstrucción de los mecanismos de cobro”, como se definió en el segundo artículo del texto que hoy debatirá en un plenario de comisiones del Senado. Allí irán el ministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, para explicar y defender la iniciativa ante los legisladores.

Allí, los funcionarios insistirán en lo que está detallado en el texto: el proyecto no es una libre elección de la administración central sino que es el resultado de la “incapacidad” del Bank of  New York Mellon de actuar como agente fiduciario y asegurar el pago de las obligaciones contraídas por la Argentina. Insistirán en que el país tiene el derecho –y así consta en el convenio sobre el pago de la deuda- a remover a su agente de pago y contratar otro para “velar por el efectivo cobro” de los bonistas.

Por eso, el Gobierno autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a remover al Bank of New York Mellon como agente fiduciario y a designar, en su reemplazo, a Nación Fideicomisos S.A.. Así consta en el tercer artículo el proyecto, que tiene 45 páginas  -39 corresponden a los fundamentos y el resto al articulado- y que posibilita la creación de una cuenta especial dentro del Banco Central.

Además, el artículo séptimo establece que es voluntario el cambio de legislación y jurisdicción de pago de la deuda –algo que está afectando el cobro de los bonistas bajo legislación y jurisdicción estadounidense o europea por el fallo del juez Thomas Griesa-. Para eso habilita al Ministerio de Economía a “instrumentar un canje por nuevos títulos regidos por legislación y jurisdicción local, en términos y condiciones financieras idénticas, y por igual valor nominal” los bonos reestructurados.

También autoriza al Ministerio de Economía a tomar bonos que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 y deja en claro que las cancelaciones de deuda se harán en “condiciones equitativas para todos sus acreedores, según la interpretación convencional y generalmente aceptada del término pari passu”.

El proyecto, que recibió críticas desde la oposición política, fue valorado por el titular del Fondo de Inversión Fintech Advisory David Martínez Guzmán, uno de los grandes tenedores de títulos reestructurados que no pudo cobrar por el bloqueo de fondos dispuesto por Griesa.

“Por un lado está la sentencia judicial sobre el litigio con fondos a los que no les interesa negociar, que se dedican a demandar a los países en dificultades y ahora están planeando hacerlo con Portugal. Quieren un trato preferencial sobre el de los mayores depositantes y el de las multinacionales que luego de la crisis de fin de siglo renegociaron sus contratos, que tampoco podían cumplirse. Para que cobren, el juez tomó medidas que dañan al país y a otros acreedores, como nosotros”, sostuvo Martínez Guzmán en una entrevista publicada en Página 12.