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Trabajadores recuperadores urbanos de la Federación Argentina de Cartoneros (Facyr) evalúan nuevas medidas de fuerza tras la reunión que tuvieron ayer con autoridades del Ministerio de Ambiente porteño para tratar varios temas, entre ellos remuneraciones, insumos y desplazamientos de cartoneros. Si bien se les ofreció una mejora salarial, no es proporcional para todos los recicladores ni se tuvo en cuenta la falta de espacios para el almacenaje y separación. Desde Facyr, están decidiendo en asamblea si aceptan o rechazan las mejoras.

La semana pasada, después de una marcha que partió desde el Obelisco porteño a la puerta del Ministerio de Ambiente de la Ciudad, diez trabajadores cartoneros se encadenaron y empezaron una huelga de hambre. Al otro día, desde el ministerio les prometieron una reunión, que finalmente se concretó y se levantó la protesta. “Nos recibió el ministro Edgardo Cenzón y nos hizo a las distintas cooperativas una oferta de mejoras contemplando algunos de los puntos que se venían reclamando. En este momento estamos en un proceso de asamblea para discutir cómo seguir frente a las propuestas, porque si bien las vemos como un avance no sentimos que sean suficientes ni proporcionales para todos los trabajadores”, dijo a Infojus Noticias Alejandro Valiente, miembro de Facyr.

“Lo que hace el gobierno es separar por categorías a los trabajadores cartoneros y propone un aumento en dos cuotas de alrededor del 35 por ciento a los que venían cobrando menos (el que cobraba dos mil pesos pasaría a cobrar 2400 hasta septiembre ay a partir de entonces 300 pesos más lo que terminaría el año en 2700), pero no respeta el porcentaje para la otra categoría que venía cobrando 4500 y estaba en el programa especial de las campanas verdes, que están en algunos barrios específicos de la ciudad como un servicio de reciclado a la comunidad”, explicó Valiente.

Para los recicladores no es suficiente el aumento de sus salarios  y reclaman también espacios para separar los materiales, porque si no sus casas se transforman en basurales. También piden ayuda para que los reciclajes que se hacen en cada barrio dispongan de la cantidad de camiones suficientes para dar un servicio digno.  “Hoy tenemos alrededor de 20 camiones parados porque no podemos costear los arreglos. Siempre hago la comparación con el sistema de recolección de residuos, para el que el Gobierno de la Ciudad  compró a esas empresas privadas la flota nueva completa, todos los camiones e invirtió 1300 millones de pesos”, dijo agregó el cartonero.

Marcha y denuncia

Los trabajadores del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), hicieron una marcha hasta el Ministerio de Ambiente porteño para transmitir su “profunda preocupación ante el desguace que está sufriendo la Dirección General de Reciclado por parte de las autoridades de esa repartición y el nulo avance en las negociaciones por el tan anunciado pase a planta permanente en las distintas Direcciones de dicho Ministerio”.

En el comunicado se denuncia “el intento de traslado arbitrario y compulsivo de decenas de trabajadores de la DGREC a la Dirección General de Fiscalización como una clara política de vaciamiento” y se  oponen “a la creación de reparticiones públicas, con el consecuente maltrato de los trabajadores que son transferidos a ellas, respondiendo solo a los caprichos de los funcionarios”.

Según los trabajadores nucleados desde la dirección general de Agustín Casal se “pretende llevar al fracaso las políticas públicas de reciclado con inclusión social, que se vienen impulsando y sosteniendo por los trabajadores desde hace más de 10 años. Por eso dejaron gradualmente sin tareas ni línea de trabajo a varias áreas. Se tercerizaron las funciones del Estado en consultoras de dudosa capacidad y procedencia, malgastando millones de pesos del presupuesto. Casi todas las empresas “ganadoras” de las licitaciones son de personas cercanas a los funcionarios del Ministerio”, sostuvieron.

Por último infieren que “uno los objetivos de la gestión es aumentar la recaudación de cara a la campaña, creando un cuerpo de ‘inspectores polivalentes’ dirigido por un funcionario imputado en la causa judicial por los violentos operativos de la UCEP. Quieren hacer ‘caja’ con el trabajo de los estatales”.

MM / LC