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Desde fines del siglo XIX y hasta mediados del XX el Castillo de Montjuïc fue sinónimo de barbarie y sangría política. El 15 de octubre de 1940 sus muros fueron testigos del fusilamiento de Lluís Companys, el presidente de la Generalitat de Catalunya. Al cumplirse 73 años de su muerte, el diputado por Barcelona Joan Tardá i Coma se presentó en el juzgado de María Servini de Cubría para pedir que se investigue este caso dentro de los delitos de lesa humanidad.
La jueza lleva desde 2010 la querella iniciada por Darío Rivas, Adriana Fernández e Inés García Holgado que buscan saber qué ocurrió con sus familiares asesinados o desaparecidos durante la dictadura de Franco. En España no hay voluntad de investigar y encontraron en el país la decisión política de juzgar los crímenes de lesa humanidad, dado el antecedente de los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado argentino. Inés García Holgado tiene cuatro familiares muertos, tres fusilados y su tío Vicente, que nació en Argentina y es uno de los 114 mil desaparecidos.

Modelo de impunidad: igual que en 1975
 

Durante el franquismo fueron ejecutados el castillo de Montjuïc más de cuatro mil presos republicanos y catalanistas. Hasta 1960 funcionó como cárcel política. Al fusilamiento se sumó otra forma de ejecución traída de la Edad Media: el garrote vil, usado hasta 1974. El garrote: una argolla de hierro que atrapaba el cuello, atravesada detrás por un tornillo. El condenado se sentaba en un banco de madera con el collar mortuorio, un verdugo giraba el tornillo y la víctima moría con el cuello roto.

“Estamos hablando de un régimen salvaje –dice Joan Tardá–. Lo más lamentable es que después de treinta y pico de años de democracia, estemos igual que en 1975. Por eso se conoce al modelo español como el modelo de impunidad, y de ahí esta gran oportunidad que se nos abre en Argentina”. El Estado español ha renunciado a cualquier proceso de verdad y justicia. Si la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero hizo renovar alguna esperanza tras su promesa de una Ley de la Memoria, esta se diluyó con agilidad. Nada se esperó del Partido Popular, hijo político del franquismo.

“Tienen terror a reconocer algo, porque abriendo un poquito la puerta, con una simple grieta, por allí inevitablemente pasaría toda la historia. Porque la historia es la que es y las nuevas generaciones reclaman aquello que sus padres no habían reclamado: calidad democrática. Ya no se trata solamente de ir a votar cada cuatro años. Para nuestros padres, que vivieron la dictadura, el simple hecho de ir a votar ya era el cielo; las nuevas generaciones lo que exigen es calidad democrática y eso implica reparar a las víctimas del franquismo”, agrega Tardá. El diputado le sugirió a la jueza Servini que se traslade a España para tomar declaraciones allá, y ahorrar los tiempos de los procesos de extradición.

Estamos en los comienzos de la Querella Argentina, como empezó a conocerse en el mundo este proceso. Cuenta, además, con una resolución de apoyo del Congreso Nacional. Se espera que más familiares de víctimas lleguen al país a golpear las puertas del Juzgado Federal N°1 en una búsqueda de justicia avalada por tratados internacionales.