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“En 21 años no hemos tenido ninguna respuesta de la Justicia. Este tiene que ser un juicio histórico que ejemplifique lo que puede hacer la Justicia cuando actúa de manera justa”, planteó Diana Malamud, miembro de Memoria Activa, a tres días del inicio del debate oral y público en el que 13 ex funcionarios políticos, judiciales, policías y un dirigente de la comunidad judía están acusados de encubrir el atentado a la AMIA. Sentada en torno a una larga mesa sobre el escenario del auditorio del Colegio de Abogados porteño, la viuda de una de las 85 víctimas habló de las consecuencias psicológicas, jurídicas y ético-políticas de la voladura de la mutual israelí. “Queremos saber la verdad, pero también queremos un castigo, que vayan presos”, reclamó.

Malamud estuvo a cargo del cierre de la jornada. “Me toca ser última. Por suerte, porque ya se dijo casi todo”, arrancó. La referente de los familiares de las víctimas del atentado se refirió al título de la charla y explicó: “Las consecuencias son muy numerosas y dolorosas. Porque el dolor es muy grande cuando despues de 21 años nos enfrentamos a todos estos poderosos, y parece que no tenemos dimensión de que tan poderosos son”, sostuvo. Después apuntó con la mirada al fiscal Roberto Salum -miembro de la UFI AMIA junto a Sabrina Namer y el coordinado Patricio Murray-, una de las personas que completaban las primeras filas del auditorio del segundo piso del Colegio del Colegio Público de Abogados de laCiudad de Buenos Aires. “En el juicio anterior los fiscales eran parte de un entramado para encubrir. Este juicio nos encuentra pisando fuerte”, agregó.

La referente de Memoria Activa compartió el panel junto al subsecretario de Política Criminal y representante de la querella por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Luciano Hazan; Sergio Burstein, de la asociación de familiares de víctimas 18J; el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier; el periodista de Página 12 Raúl Kollman y los abogados Beinusz Szmukler y Eduardo Barcesat. El moderador de la jornada fue el presidente del Capítulo de Criminología y Psiquiatría de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, Luis Ohman.

“El camino de Memoria Activa, 18J y los familiares es el camino de la resistencia y la dignidad. El que recorrieron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo en la búsqueda insistente de verdad y justicia. No es un conflicto entre familiares y la Justicia solamente, es un conflicto del conjunto de la sociedad argentina que tiene en el alma una grieta de impunidad de una justicia facciosa, clandestina, que habrá que ver si es posible desarticular”, planteó el psiquiatra Ohman en la presentación de los panelistas.

“El juicio va a explicar la impunidad en el caso AMIA, pero también va a mostrar el funcionamiento de la Justicia federal”, aportó Luciano Hazan, quien había comenzado su exposición explicando que esa mañana habían sido notificados por el juzgado de que los ex secretarios de Galeano serán citados a indagatoria.

El funcionario explicó la participación del Ministerio de Justicia en el juicio por encubrimiento. “El rol del Estado es excepcional porque el caso ha sido excepcional”, dijo y criticó que las cámaras de televisión no puedan registrar todas las audiencias. “Queremos una Justicia de cara a la gente, que arroje luz en un caso que ha sido especialmente oscuranteado”, sostuvo.

Hazan apuntó directamente al rol de la Justicia Federal porteña en los '90. “Este juicio va a mostrar cómo funcionaba la Justicia Federal porteña, sus nexos con inteligencia, los vínculos con la policía, los jueces de la servilleta. Se creó una Justicia que podía garantizar impunidad. El fracaso de la investigación de AMIA tiene que ver mucho con ese armado de la Justicia a partir de la reforma procesal penal de los 90”, planteó.

El poder en el banquillo

Entre los 13 acusados que a partir del jueves 6 de agosto estarán sentados en el banquillo se encuentran el ex presidente Carlos Menem, el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex juez federal Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex titular de la DAIA, Rubén Beraja, el reducidor de autos Carlos Telleldín, su abogado y su ex mujer. “Aquellos que encubrieron son cómplices de los autores materiales y de los que lo planificaron”, sostuvo Sergio Burstein ante miembros de la comunidad judía, funcionarios judiciales, abogados y periodistas.

“Todos los que nos  tenían que dar respuestas, en los que creímos, van a estar en el banquillo de los acusados. Hoy en día no sabemos a ciencia cierta quienes son los responsables, pero si sabemos quienes nos dijeron “NO” a la verdad”, agregó Burstein.

“Acá se juzga la capacidad de la Justicia Federal de investigarse a sí misma y de investigar al poder”, planteó Gastón Chillier. El director ejecutivo del CELS y querellante en la causa en representación de Memoria Activa se mostró un poco escéptico respecto a que este juicio pueda revelar datos de cómo se llevó a cabo el atentado, pero planteó la necesidad de “conocer algo más para avanzar en la investigación, develar cómo funcionaban estas estructuras”. “Estas violaciones brutales a los derechos humanos se produjeron en democracia, y (los responsables) seguían operando hasta hace meses en la SIDE”, sostuvo.

“Enfrente hay un obstáculo enormemente difícil, es una síntesis del poder de esa época. Nunca tuvimos un juicio de esta naturaleza, con un ex presidente, servicios de inteligencia, policías, el juez de la causa, los fiscales y el ex presidente de la DAIA acusados”, sostuvo Kollman. A partir del jueves afrontamos un doble desafío: obtener una condena a los que nos vendieron mercancía falsa durante tantos años, a los que colaboraron y le pusieron la firma a la mercancía falsa. Y por otro lado, nos encontramos con la posibilidad de encontrar algún elemento, en alguna confesión, que nos sirva para el futuro”, sostuvo el periodista.

SO/PW