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Una profesora de idiomas, un comerciante, un abogado y el titular de un depósito fiscal están acusados de intentar contrabandear a España casi 60 kilos de cocaína de máxima pureza diluidos en biodiesel. Ahora, según fuentes judiciales, quedaron a las puertas del juicio oral y público.

El fiscal federal Federico Delgado le pidió ayer al juez Sergio Torres que decrete la clausura de la causa por haberse cumplido con todas las medidas propias de la instrucción y para que se eleve a plenario. En un dictamen de 17 carillas, el representante del Ministerio Público imputó, con diferentes grados de participación en las maniobras, al abogado David Hamwee, a Jorge Rodolfo Augusto Volpe -presidente del depósito fiscal Orvol SA-, al comerciante Carlos Fortunato Vedia y a Georgina Lucrecia Chialva, profesora de inglés y francés, según informa Télam.

A Vedia y a la docente se les imputa formar parte de la organización "dedicada a ejecutar actividades vinculadas con el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en sus diferentes etapas, tanto en el orden nacional como internacional, contando para ello con una compleja estructura delictiva y los medios necesarios para tales fines".

Según el Ministerio Público, "tales conductas se vieron materializadas a través de un intento de exportación de aproximadamente 57.775 gramos de cocaína diluida en biodiesel para su ocultación, con destino a la ciudad de Vigo, Santiago de Compostela, España".

Ese cargamento, recordó el fiscal, fue descubierto el 19 de julio de 2013 en la sede del depósito fiscal de la firma Orvol, ubicado en la calle Morse s/n, de la localidad bonaerense de Dock Sud, partido de Avellaneda.

"En dicha operatoria ilícita de exportación intervino el depositario" Volpe, quien "no cumplió con los deberes de funcionario al recibir el cargamento de biodiesel en el depósito fiscal de la firma a su cargo sin detallarlo correctamente, con el único objetivo de permitir que se concrete la exportación ilegal previamente acordada con el resto de los imputados", dijo Delgado.

Al letrado Hamwee se le imputa haber intervenido en la maniobra de exportación a partir de las presentaciones realizadas en la causa como abogado desde el 9 de agosto de 2013, como así también a raíz de las gestiones realizadas para que el cargamento de biodiesel fuera devuelto y, de esa manera, lograr que llegue a España.
El fiscal recordó que esta causa es un desprendimiento de otra en la que se investigaron los pormenores de una organización criminal integrada por personas de nacionalidad argentina, colombiana, peruana, uruguaya y neozelandesa que se dedicaban al tráfico transnacional de estupefacientes.

En su requerimiento, ponderó los informes proporcionados por la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas de la Gendarmería Nacional, que colaboró realizó escuchas telefónicas y detectó a las empresas que sólo eran utilizadas para camuflar el tráfico de drogas.

Delgado entendió que "la conducta desplegada por los imputados Carlos Vedia y Georgina Chialva constituye el delito de contrabando agravado por tratarse de sustancias estupefacientes elaboradas y destinadas a ser comercializadas fuera del territorio nacional, en los que intervinieron tres o más personas".

Por su parte, Volpe y Hamwee deberán responder como partícipes necesarios de la conducta ilícita investigada, aunque el comportamiento de éste último resultó inidóneo para consumar el delito", consideró Delgado.