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La Cámara Federal de Casación penal revocó la prescripción de una causa y ordenó investigar un presunto delito de “administración fraudulenta” sobre el accionar del banco HSBC, que pesificó sin autorización los depósitos en dólares de un cliente. En 1995, Eduardo se presentó en el Rofin Finance Trust Co., una compañía francesa que integraba el Banco Roberts con sede en Buenos Aires. Su intención era depositar 100 mil dólares en Uruguay. Como la empresa no tenía sucursal en ese país, aceptó depositar el dinero en la sucursal de Grand Cayman. En 1999 el HSBC compró el banco Roberts y ese depósito pasó a ser administrado por este banco. En 2000 la plata fue derivada al HSBC de Uruguay.

En marzo de 2002, explica el expediente, “tras enterarse por un amigo que algunos bancos estaban mandando el dinero de Uruguay a la Argentina”, el cliente se acercó a la sucursal del banco en Montevideo. Allí le dijeron que “su dinero estaba en la Argentina desde hacía tiempo”. Al solicitar un comprobante de la cuenta, el hombre se encontró con que su dinero había sido enviado a Argentina, pesificado y después convertido de nuevo a dólares. Pero el monto que tenía ahora era de 51.887 dólares. Poco más de la mitad de lo que había depositado.

Por ello inició acciones legales por “administración fraudulenta”. Sin embargo, en primera instancia la causa se consideró prescripta. En marzo de este año, la sala IV de la Cámara en lo Criminal y Correccional confirmó que "la prescripción debía contarse a partir del último episodio que se reputara fraudulento, el cual habría acaecido el 31 de marzo de 2002 con la conversión monetaria practicada en condiciones desventajosas para la querella”. Desde entonces hasta el 25 de julio de 2008, cuando fue el llamado a indagatoria de Antonio Miguel Losada (quien forma parte del directorio del HSBC según consta en uno de sus memoriales http://www.hsbc.com.ar/es/pdf/grupo/HSBC_Bank.pdf), “había transcurrido el plazo máximo de la prescripción por el delito de administración fraudulenta”.

Luego de la apelación de la querella y el fiscal, la prescripción cayó en manos de la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora, en una sentencia que lleva la firma de Mariano Borinsky, Liliana Elena Catucci y Eduardo Rafael Riggi, consideró que la cámara “realizó una errónea interpretación de la ley”. “El plazo de la prescripción debía contarse desde la conversión monetaria practicada en condiciones desventajosas para la querella” ya que “la querella sí solicitó en distintas oportunidades la totalidad de los fondos invertidos, los que el Grupo HSBC se negó a reintegrar”, sostienen los magistrados. Por eso, para los jueces, la gestión del HSBC “continuó con sus tareas de administrador hasta el año 2010”. Ahora, la Cámara de Casación reabrió la causa.