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En la Ley de Identidad de Género, sancionada el año pasado, se establece el “derecho al libre desarrollo personal”: prevé el goce integral de la salud y el acceso a intervenciones quirúrgicas totales y parciales, además de tratamientos integrales hormonales para adecuar el cuerpo, incluida la genitalidad, al género autopercibido. Elyzabeth Chorubczyk lo hizo público: nació con genitales masculinos que no correspondían a su deseo. Articular lo que dice la ley con la práctica no fue tan fácil cuando se presentó a su obra social, Osde, para solicitar una reasignación de género. Le negaron el tratamiento gratuito. Ella los denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud. Finalmente, pagó la intervención. Ahora reclama que Osde le reintegre el dinero.

“Las primeras veces me decían que no tenían novedades. Al haberme enterado de que otras obras sociales ya lo estaban cubriendo, y que la mía seguía sin darme respuesta, opté al año por hacer el pedido por escrito. Pero también me lo negaron, por no estar reglamentado aún en el Plan Médico Obligatorio”, relató Elyzabeth a Infojus Noticias.

Para acceder a los derechos de salud que garantiza la ley no hay necesidad de requerir autorización judicial o administrativa, lo mismo que para el acceso a los tratamientos integrales hormonales: tampoco es necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital, ya sea total o parcial. El único requisito, en ambos casos, es el consentimiento informado de la persona.

Cuando de la obra social le negaron la cobertura, Elyzabeth recurrió a la Superintendencia de Servicios de Salud: “Desde asuntos jurídicos, el organismo escribió un dictamen favorable explicando lo mismo que yo explicaba en mi pedido de cobertura. La obra social no respondió, y tuve que volver a insistir en la Superintendencia, desde donde se hizo un nuevo llamado”.

Entre tanto, Elyzabeth decidió hacerse la operación y pedir el reintegro posteriormente, ya que había pasado más de un año desde que había sido rechazada por la obra social. “Y si iniciaba un juicio o esperaba corría el riesgo de ser mayor de 25 y no contar más con obra social”, explicó.

La ley determina que desde el sistema público de salud, ya sean estatal, privado o del subsistema de obras sociales, se deberá garantizar de forma permanente los derechos que la ley reconoce. Pero la regulación de la normativa aún está en trámite.

Elyzabeth Chorubczyk, con sus dos nacionalidades. No le resultó tan fácil lograr la reasignación de género.

Un sistema de salud amigable

La legisladora porteña María Rachid, de la Mesa Nacional por la Igualdad, explicó a Infojus Noticias que el artículo 11 “es el único de la ley que todavía no está reglamentado. Para esto, la Mesa trabaja en conjunto con las organizaciones ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina), RITTA (Red de Intersexuales, Transexuales y Transgéneros Argentinos), FALGBT (Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y se están elaborando propuestas, después de varias reuniones con el ministro de Salud de la Nación”.

“Las leyes son efectivas aun cuando no están reglamentadas, pero para la cirugía puntualmente se necesita que los profesionales estén capacitados, por lo que se está proponiendo que las provincias que ya están operando capaciten a otras provincias que todavía no”, dijo Rachid.

En el proyecto de reglamentación que se presentará este mes en la mesa de entrada del Congreso, “se planteará que la aplicación concreta no sea dispar, y que aquellos que soliciten la adecuación y la atención hormonal no tengan que ser acompañados por las organizaciones para que su necesidad se haga efectiva”, contó Esteban Paulón, de la FALGBT.

Aunque en un principio se tenía previsto un proyecto para la identidad y otro para la salud, desde el momento en que la ley unificó las necesidades las organizaciones piensan en la reglamentación. “La salud física es tan importante como tener un DNI”, opinó Lohana Berkins, del Observatorio de Género en la Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Y planteó que la necesidad está en que “el sistema de salud se vuelva amigable para todos, ya que a partir de la ley los problemas discriminatorios como determinar en qué sala nos ponen están sorteados y hay profesionales muy buenos”.

En julio de 2012, la Legislatura porteña votó un proyecto para que se efectúen las adecuaciones presupuestarias, de estructura, insumos y equipamiento para reforzar y fortalecer la atención en el Hospital Durand, que depende del gobierno de la ciudad de Buenos.

En el texto se planteó  que “la transexualidad no es un trastorno psiquiátrico ni  una enfermedad orgánica y que la psiquiatrización y patologización orgánica contribuyen a los dispositivos sociales en detrimento de la salud de las personas trans, al mismo tiempo que potencian la transfobia”. A pesar del proyecto, el quirófano del Durand hace una operación al mes y los turnos para acceder a la lista tienen una demora de seis meses.

Para Valeria Paván, del área de salud de la CHA, “las demoras son perjudiciales para la salud y la consecuencia es el deterioro psíquico de la persona que está esperando. Hay muchas cirugías que se las arreglan por su cuenta, como en el rostro o la depilación definitiva, pero los tratamientos como las mastectomías y la adecuación genital son demandas que se deben solucionar seriamente”.

“Las personas que me atendían estaban limitadas, y no estaba a su alcance tomar determinaciones o buscar negociar siquiera una cobertura parcial. Con la negativa de sus asuntos jurídicos, nadie quería hablar”, recordó Elyzabeth.

“Desde que sancionó la ley, en mayo de 2012, hasta julio pasado, la obra social negaba totalmente la cobertura, y actualmente no sé si me reintegrará o no lo que me corresponde. Esperemos que sí, aunque nadie me devuelve todo ese tiempo invertido”, se lamentó.

Desde la obra social, esta semana enviaron la documentación a una auditoría, donde determinarán si le legalmente le tienen que devolver el dinero invertido. La respuesta es esperable en beneficio de Elyzabeth, ya que la ley está vigente más allá del proceso en el que se encuentren su reglamentación.