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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza rechazó el pedido de prisión domiciliaria del ex juez federal Otilio Romano, quien tiene diabetes y padeció un pico de presión. Romano es uno de los cuatro ex jueces a sentados en el banquillo de los acusados en el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Mendoza.

El pedido de prisión domiciliaria de la defensa oficial de Romano fue realizado el pasado 4 de diciembre de 2013, argumentando que el ex juez –destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados- tiene 70 años y “más allá de su especial situación de salud, padece los achaques propios de un septuagenario”, tales como “el estrés que produce el hecho de estar alojado en una cárcel agrava sus dolencias”. El pedido fue reiterado en marzo de este año.

Los jueces del tribunal Juan Antonio González Macías, Alejandro Waldo Piña y Raúl Alberto Fourcade, rechazaron el pedido de Romano “sobre la base de un estudio integral de los antecedentes allegados al presente incidente”.

Tuvieron en cuenta innumerables dictámenes médicos y psicológicos sobre el imputado. El pasado 9 de septiembre se realizó una audiencia con el procurador de Personas Privadas de Libertad de Mendoza, Fabricio Imparado; el director del Servicio Penitenciario Provincial, Eduardo Orellana y Florencio Casavilla del Cuerpo Médico Forense de la Corte.  

Un dictamen psíquico del Cuerpo Médico forense de la Corte Suprema sostuvo que “en su unidad de alojamiento actual, puede realizar el tratamiento que necesita para la depresión como de hecho lo viene realizando”. El tribunal recordó además que Romano “fue extraditado desde la República de Chile a la Argentina” lo que “demuestra el grado de riesgo procesal”, o lo que es lo mismo, la posibilidad de que se fugue nuevamente.

Uno de los argumentos de la defensa era que Romano tiene 71 años y por eso una de las condiciones para acceder a la prisión domiciliara. Algo que fue desestimado por los jueces porque el hecho que tenga la edad necesaria “no significa la concesión automática del instituto”. “No se advierte que el encarcelamiento esté produciendo alguna de las consecuencias que la ley pretende evitar”, explica en la sentencia.

“Romano Ruiz se encuentra gozando de un estado de salud si bien complejo, compensado; y -por el otro-, que los padecimientos que le aquejan, no son de grado tal que requieran internación hospitalaria, y pueden ser –y han sido - controlados, y el interno ha sido asistido desde el Complejo Penitenciario”, concluyen los jueces. Romano seguirá detenido en el Complejo Penitenciario mendocino.

Romano está imputado de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas y por durar más de un mes, y por allanamiento ilegal. Treinta y cuatro de esas denuncias corresponden a personas que continúan desaparecidas; 26 casos a privaciones ilegales de la libertad; 26 casos de torturas; un allanamiento ilegal; y un caso en el que se le imputa no haber promovido la persecución penal cuando debía hacerlo.

Este último hecho ocurrió en democracia, con plena vigencia del estado de Derecho, cuando Romano omitió investigar la sustracción de una hija de desaparecidos, delito que estaba exceptuado de la impunidad que garantizaban para otros crímenes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Romano estuvo prófugo en Chile desde septiembre de 2011, pocos días antes de que concluyera el jury de enjuiciamiento que los destituyó del cargo, hasta agosto del año pasado cuando fue capturado y extraditado.