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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó las recusaciones del ex juez Víctor Brusa, condenado por delitos de lesa humanidad, contra los jueces de la Sala III de esa misma cámara. En agosto de 2012 habían revocado las salidas transitorias de las que gozaba el represor, otorgadas por el Tribunal Oral Federal de Santa Fé para “afianzar y mejorar los lazos familiares y sociales”. Ese mismo tribunal lo había condenado en 2009 a 21 años de prisión por delitos de lesa humanidad. 

La defensa del exjuez recusó a los jueces de la sala que revocaron aquella prisión domiciliaria: Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Pedro David. Pero esto fue rechazado por la Sala IV, con las firmas del actual presidente del cuerpo Mariano Borinsky y Gustavo Hornos quienes rechazaron in límine (sin tratamiento) los planteos del ex juez. Los jueces sostuvieron que el hecho de que un juez “intervenga en el proceso… no puede erigirse como causal para su apartamiento, ya que no constituye prejuzgamiento alguno”. La defensa de Brusa sostenía que los jueces recusados ya habían "intervenido en otras incidencias vinculadas a la presente, lo que determina el temor de parcialidad".

En diciembre de 2009 por el TOF de Santa Fe, con las firmas de Roberto López Arango y los conjueces Andrea Alberto de Creus y Carlos Damián Renna, condenó a Brusa. También al comisario retirado Héctor Romeo "Pollo" Colombini, a 23 años de prisión; a los policías Eduardo "Curro" Ramos, a 23 años; y a Juan Calixto Perizzotti, a 22 años; a la penitenciaria María Eva Aebi, a 19 años; y al ex comisario Mario José Facino, a 20 años.

“Agradecé que lo podes contar”

Anatilde Bugna fue secuestrada el 23 de marzo de 1977, subida a un Renault 12 blanco y llevada hasta la seccional 4ta. de la policía de Santa Fe. Después de pasar por La Casita -un centro clandestino de las afueras de la ciudad- fue trasladada a la Guardia de Infantería Reforzada. Allí la torturaron y le hicieron firmar una declaración. En ese lugar apareció el entonces secretario del juzgado de Fernando Mántaras, Victor Brusa. Se encargaba de tramitar causas en las cuales se investigaba la infracción a la ley 20.840, de “actividades subversivas”. Quería que Bugna ratificara las declaraciones que había hecho mientras bajo tortura. La mujer conocía al exjuez de la facultad. Cuando le contó lo que le habían hecho para que firmara la declaración, Brusa se limitó a contestar: “Agradecé que lo podés contar”.