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La jueza de Ejecución de Condenas de Ushuaia, Felicitas Maiztegui Marcó, rechazó las solicitudes de “probation” (o suspensión del juicio a prueba) realizadas por las defensas de 21 de los 34 gremialistas docentes y camioneros que están siendo juzgados por el ataque y la toma de la casa de gobierno de Tierra del Fuego ocurrida en mayo de 2013, durante un conflicto salarial.

De este modo, la totalidad de los imputados seguirá sometido al proceso oral que comenzó el miércoles 4 y donde los sindicalistas están acusados de lesionar en forma leve y grave a 19 policías, además de producir daños en el interior del edificio gubernamental fueguino.

La aceptación de las “probation” les hubiese permitido a más de la mitad de los dirigentes gremiales cumplir con reglas de conducta y tareas comunitarias a cambio de no ser condenados, pero la jueza Maiztegui Marcó entendió que la “naturaleza de los hechos investigados” y el “grado de violencia” con que se desenvolvieron los gremialistas no justificaban la concesión del beneficio.

“La Fiscalía había solicitado que en 11 casos se concediera la suspensión del juicio y en 10 no. Sin embargo, yo tuve en cuenta el contexto completo de los acontecimientos y el nivel de lesiones sufridas por el personal policial. Incluso hubo mujeres golpeadas”, explicó la magistrada en diálogo con Télam.

La jueza también declaró que “el caso tiene una impronta social importante”, porque “se violentó la seguridad de una institución y entiendo que los damnificados tienen derecho a que las responsabilidades se develen en juicio”, agregó.

La causa analiza lo ocurrido a partir del 23 de mayo de 2013, cuando una manifestación del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) que reclamaba por aumentos salariales, con el apoyo del gremio de camioneros, irrumpió en la Casa de Gobierno fueguina tras enfrentarse con la policía que custodiaba el lugar, y luego tomó el control de las instalaciones completas durante una semana.

La refriega culminó con 19 policías heridos, entre ellos varias mujeres y dos efectivos, Leandro Pérez Soriano y Jonathan Dutrá, que sufrieron secuelas físicas permanentes y son querellantes en el juicio.

Los sindicalistas están imputados de múltiples delitos, como atentado y resistencia a la autoridad, lesiones leves y graves, y daños agravados con bienes del Estado.

Las principales pruebas son las horas de filmaciones de medios periodísticos, pero también realizadas por las propias fuerzas de seguridad, que permitió la identificación de los agresores.

Solo 4 de los 34 acusados aceptaron prestar declaración en la etapa de indagatorias que concluyó hoy con los dichos del ex secretario general del Sutef, Raúl Arce, ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia.

La ronda de 60 testimonios previstos para el juicio también comenzó esta jornada con las declaraciones de los policías Soriano y Dutrá, también querellantes del caso, mientras que para mañana a las 10 está prevista la declaración testimonial de la gobernadora Fabiana Ríos.

Las audiencias se realizan en una sala custodiada por 300 policías y en medio de manifestaciones callejeras de representantes de una mesa sindical, quienes se oponen al juzgamiento de los líderes gremiales y denuncian un proceso de “criminalización de la protesta” en el ámbito provincial.

Télam/PW