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Psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y otros profesionales del sistema de salud pública de la ciudad de Buenos Aires se reunieron frente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad para reclamar por el cumplimiento de la medida cautelar que frenó el decreto 1657 de Mauricio Macri. La norma, que también lleva la firma de la ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud, acabó con las suplencias de guardia, un mecanismo que el GCBA no sólo utiliza para su finalidad propia, sino también para emplear en forma precaria a los profesionales de la salud que no son médicos.

El decreto tiene fecha del 31 de octubre pasado. Cuatro días después, a partir de una presentación de Ramiro Dos Santos, defensor en lo Contencioso Administrativo y Tributario, la jueza Patricia López Vergara dictó una medida cautelar para suspender sus efectos, y ordenó que se restituyeran los puestos de trabajo a los profesionales despedidos, y que se volvieran a abrir los programas cerrados.

Hoy los trabajadores realizaron una radio abierta en las puertas del edificio del Ejecutivo porteño, para difundir el conflicto y dar a conocer su situación. Hasta ahora realizaron un paro “activo”, manteniendo las guardias mínimas y atendiendo las circunstancias de urgencia, pero si el gobierno de la Ciudad no responde, no descartan implementar otras medidas de fuerza. Gremialistas de Ademys –el sindicato docente- y de la Asociación de Licenciados de Enfermería se hicieron presentes para acompañar los reclamos.

Los trabajadores evalúan acudir a la Legislatura porteña para visibilizar el desguace de la salud pública. Algunos legisladores de la oposición al macrismo se hicieron presentes en la manifestación y anunciaron que presentarán un pedido de interpelación a la ministra de Salud de la ciudad, Graciela Reybaud. María Rachid (FPV) explicó a Telam que "preocupa la posición histórica del PRO de llevarse puesta la salud pública, como la educación pública, el espacio público y a los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires".

Son cerca de 1600 los profesionales afectados, según indicó Cristina Colom, una de las trabajadoras presentes en la conferencia de prensa que se realizó en la vereda de Av. de Mayo al 500. Los pacientes afectados, más de cuatro mil. La medida involucra a quince programas de salud, que fueron cerrados o reducidos a su mínima expresión. Es el caso del Buenos Aires Presente (BAP), el Programa de Atención Domiciliaria de Urgencias (PADU) –que tiene las ramas clínica y pediátrica-, y los programas para atender pacientes de tabaquismo y víctimas de violencia de género, violencia familia, abuso sexual infantil, trata de personas, entre otros.

Colom es pediatra y trabajaba en el programa de “Pediatras en casa”, que fue reducido a la mitad en personal y equipamiento. Antes de la medida, eran ocho médicos para toda la ciudad. Después pasaron a ser cuatro. No cuentan con más movilidad que la propia: se trasladan en sus vehículos personales para ir a visitar a los niños que necesitan asistencia, y así no sobrecargar más el sistema de ambulancias, que  los trabajadores dicen está desbordado. Jorge Pachamé trabaja en el sector de Terapia Intensiva de la Maternidad Sardá, pero también formaba parte del equipo de PADU Clínico, un programa que fue cerrado.

Lorena Avellaneda, delegada del Servicio Social del Hospital Moyano, relató que la directora del área les dijo que en el sistema de contratación sólo se daría prioridad a los médicos, pero no a todos los demás profesionales que se desempeñan en el neuropsiquiátrico. Muchos psicólogos, enfermeros y asistentes ingresaron ante la emergencia sanitaria de 2010 y 2011, pero nunca fueron regularizados y su contratación es precaria. Es el caso de Carolina Masseo y Soledad García. Hoy cobraron sus haberes de noviembre. En varios casos se les aplicó una reducción de la mitad del sueldo.

Por su parte, los trabajadores del Hospital Moyano denunciaron que no sólo se incumple la medida cautelar, sino que también se viola lo establecido por la Ley Nacional Nº 26.657 de Salud Mental, y su réplica legal porteña: la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se establece que la atención de los pacientes debe ser abordada por equipos interdisciplinarios, algo que no está siendo contemplado por la gestión de Mauricio Macri en sus políticas de salud pública. “Intentan desmantelar la salud pública”, vociferó al micrófono Laura Schargrodsky, pediatra del Programa “Pediatras en casa”.