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La investigación judicial del crimen del militante Mariano Ferreyra, por el que fueron condenadas 14 personas -incluido el histórico líder de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza-, abrió otros expedientes paralelos. Uno de ellos es la investigación penal por el intento de soborno del sindicalista a miembros del Poder Judicial para que la Cámara de Casación Penal revocara el procesamiento de siete matones de la UF detenidos. Mientras la causa está virtualmente paralizada en la Cámara de Apelaciones, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hizo una presentación ante el Consejo de la Magistratura para que avance la investigación en el organismo contra el camarista Eduardo Riggi.

“Siendo uno de los casos de corrupción judicial más escandalosos de los últimos años, nos parece necesario que el Consejo examine de manera seria la imputación de Riggi no sólo por la presunta comisión de un delito, sino porque con las pruebas que existen en la causa penal ha quedado en evidencia la ausencia de idoneidad moral para ejercer su cargo”, explicó Maximiliano Medina, abogado del CELS, al diario Página 12.

A partir de la presentación en el Consejo de la Magistratura, el CELS busca movilizar el expediente iniciado en 2012 a partir de una denuncia del organismo de derechos humanos para que se le inicie el proceso de remoción al camarista, que quedó afuera de la causa penal en la que están imputadas seis personas.

La investigación penal

A los pocos días del crimen la jueza Wilma López habilitó –a partir de un pedido de la fiscal Garciela Caamaño, la intervención de los teléfonos de Pedraza y de otros sospechosos. El seguimiento reveló, tiempo después, el plan del líder sindical –que aún no había sido imputado- para lograr mediante sobornos que la Cámara de Casación revocara el procesamiento de siete matones de la UF y se debilitara la causa.

Las escuchas telefónicas revelaron que “el hombre de las teclas” –como llamaban a Horacio Ameghino Escobar, el encargado de digitar los sorteos en los tribunales- cobró para que la causa cayera en la Sala III de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo.

“Escuche, sorteamos la Sala que nosotros dijimos que queríamos que fuera y además lo hicimos en plena feria judicial fue a la Sala de los amigos que hemos elegido, bueh, donde está el amigo Eduardo como Presidente”, le informaron a un allegado a Pedraza. El “amigo Eduardo” era el juez Riggi, cuyo nombre figuraba en una de las agendas secuestradas en el allanamiento a las oficinas del líder sindical.

El soborno nunca llegó a concretarse: los investigadores atraparon a un ex contador de la UF en el momento en que llegaba al estudio del ex juez Octavio Aráoz de Lamadrid con 50 mil dólares recién sacados de una caja de seguridad de la sucursal Montserrat del Banco Galicia. Los billetes estaban ordenados en cinco fajos de cien en un sobre marrón rotulado “Octavio”.