Infojus Noticias

Hoy la jueza porteña, Cristina Lara, recibe a las partes –el Gobierno porteño y los delegados gremiales- en la audiencia previa al juicio. “Vamos a pedir la nulidad de la causa”, dijo Skliar a Infojus Noticias. En agosto del año pasado, días después de haber participado de un reclamo gremial, Rodríguez y Skliar recibieron una notificación de la fiscalía a cargo de Walter López, donde se los convocó a declarar en una causa contra ellos por “obstrucción de la vía pública”. 

Después de varias horas de protesta en la sede del ministerio de Desarrollo Social porteño, y ante la negativa de las autoridades a recibirlos, los trabajadores decidieron en asamblea seguir el reclamo en la calle. En ese momento, recibieron un llamado de las autoridades y se avinieron a una negociación con el ministro de Finanzas de la Ciudad, Grindetti. Tres días después firmaron un acta para la recomposición salarial de 2.000 empleados de Desarrollo Social. Pero no consiguieron el blanqueo: “son 1.700 trabajadores sociales, psicólogos, operadores de calle, médicos y administrativos que sostienen las políticas públicas para la niñez y los sectores vulnerables que  tienen contratos de locación, y otros 300 que son contratados a través de ONgs o universidades”, explicó el delegado a Infojus. “El 99% de los trabajadores de los hogares para chicos que están bajo guarda del estado (por orden judicial o administrativa) siguen contratados bajo esta modalidad o tercerizados”, concluyó.

“Cuando nos convocaron a negociar asumieron que estábamos ejerciendo el derecho a huelga”, dijo Skliar, y lamentó que después de lograr un acuerdo las autoridades porteñas iniciaran una demanda para afectar su actividad gremial. En lo que hace a la obstrucción de la circulación en la vía pública, el Código Contravencional porteño dice que el “ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención”. “Pero después nos persiguieron judicialmente porque actuamos como delegados”, explicó Skliar.

En la instrucción, además de la reconstrucción de la jornada de protesta, el fiscal López apunta a la actividad sindical de Skliar y Rodríguez. “Presentan como prueba una entrevista que dí a los medios den 2008, cuando nos convocamos para frenar la decisión de la entonces ministra María Eugenia Vidal de poner una comisaría en Puerto Pibes, un lugar donde se trabaja con chicos”, dijo Skliar. “Es grave, me están persiguiendo por mi actividad sindical”, concluyó el delegado.   

Acompañados por la presencia y la adhesión de referentes por los derechos humanos y la cultura -como el Premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel y Osvaldo Bayer-  frente a los tribunales de Tacuarí 138, reclamaron la nulidad de la causa originada por reclamos sobre las condiciones de trabajo. “El Ministerio de Desarrollo Social es el peor pago del Gobierno de la Ciudad y desde que asumió María Eugenia Vidal, la planta se redujo de 5.100 trabajadores a 3.500, la gente se jubila, pide pase o renuncia porque las condiciones de trabajo son muy malas”, informó Skliar.