En el marco de la democratización de la Justicia, el Digesto Jurídico busca actualizar y simplificar la legislación nacional, para que sea accesible a cualquier ciudadano.
El Digesto Jurídico Argentino es un desafío legislativo que busca derogar todas las leyes y decretos que virtualmente no tienen vigencia, y sistematizar las normas de alcance general y aplicación efectiva. Quedarían en pie apenas el 10% de las normas nacionales.
El Digesto será un cuerpo de leyes nacionales ordenado por materia. A lo largo de 26 capítulos identifica las normas en vigencia y las sistematiza según las distintas ramas del derecho. Quedarán virtualmente derogadas la gran mayoría de las leyes y decretos elaborados durante la historia legislativa argentina, que en general carecen de vigencia o son contradictorias. Se intenta ganar en claridad y seguridad jurídica.
Javier de Luca, fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, participó con su equipo en la comisión de juristas, y se encargó de estudiar y seleccionar la normativa en materia penal. “Fue una obra titánica”, expresó en diálogo con Infojus Noticias. “Es una vieja aspiración, pero fue muy difícil emprenderla”, relató.
La idea nació con la ley 24.967, en 1998. La reforma constitucional de 1994 lo instaló en la agenda política, pero luego se diluyó. Consiste en la depuración de normas nacionales, y fue retomado en 2004, cuando Néstor Kirchner ordenó la conformación de la Comisión de Juristas a la que aludía la ley del ’98.
De Luca se manifestó “satisfecho” por el trabajo realizado por su equipo, pero sostuvo que “los legisladores deberán hacer las revisiones que consideren pertinentes”. En cuanto a lo penal, señaló que se cumple con el principio de “reserva de ley” que implica que toda conducta prohibida debe estar dentro del código. “Todos tienen que saber que si su conducta no está contemplada en el código, está permitida”.
La iniciativa se inserta en una cruzada legislativa por la institucionalización de las transformaciones políticas y sociales llevadas adelante durante la última década. En la misma línea va el nuevo Código Civil y Comercial Unificado, que el oficialismo espera sancionar en los próximos meses, y un nuevo Código Penal, aún en etapa de elaboración.
La comisión de juristas fue integrada por el profesor Néstor Cafferatta y el diputado Héctor Recalde, entre otros, y presidida por el juez Horacio Corti. Se estima que trabajaron 200 juristas en la depuración de la normativa nacional. Para analizar el compendio elaborado por los especialistas, se creó una Comisión Bicameral en el Congreso, compuesta por cuatro diputados y cuatro senadores, que encabezó Aníbal Fernández y ya emitió dictamen.
El proyecto de ley final tiene apenas seis artículos, donde se remite a tres anexos. En el primer anexo se enumeran las cerca de 3200 normas vigentes y de alcance general que quedarían vigentes. En el segundo anexo se detallan todas las que pasarán a estar derogadas, y el tercero alberga las normas elaboradas por organismos internacionales de los que Argentina es parte. Es cerca del 10% de las más de normas elaboradas desde 1853 hasta mediados de 2011.