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En plena feria judicial, continua hoy el juicio oral y público por la represión ocurrida el 20 de diciembre de 2001 con los alegatos de los defensores de los imputados. El debate que se realiza en la sala B, de la planta baja de los tribunales federales de Comodoro Py,  arrancó en  marzo de 2014. Allí se investigan los homicidios de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y la tentativa de homicidio de Martin Galli y Paula Simonetti. Y las lesiones, en distinto grado, cometidas en perjuicio de 117 víctimas. Entre los acusados están el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos.

Junto a ellos, en el banquillo de los acusados, también están los policías Orlando Juan Oliverio, Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Emilio Juárez, Jorge Daniel Toma, Carlos Alberto Loforte, Víctor Manuel Belloni, Omar Alberto Bellante, Raúl Roberto Andreozzi, Norberto Edgardo Gaudiero, Ariel Gonzalo Firpo Castro, Norberto Pablo Sabbino, Sebastián Leonardo Saporitti, Horacio Bautista Berardi y Mario Andrés Seia.

A comienzos de diciembre pasado alegó el abogado de la querella unificada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Rodrigo Borda. "Ellos cuatro mediante una actuación coordinada fueron el órgano de gobierno que condujo el operativo que terminó con el asesinato de cinco manifestantes”, dijo, antes de pedirle al TOF 6 que condene a 5 años de prisión a Santos y a Mathov, el único funcionario político señalado por la represión que ordenó el gobierno de Fernando de la Rúa. Los otros dos imputados que por sus decisiones considera responsables indirectos de esos asesinatos son el ex superintendente de Seguridad Metropolitana Andreozzi -para quien pidió una pena a 4 años y 6 meses de prisión- y el ex director general de Operaciones Gaudiero -para quien pidió una condena a de 4 años y 3 meses de cárcel-. En todos los casos solicitó que sean inhabilitados para ejercer cargos públicos.

“Es la primera vez -incluso en la región- que funcionarios que dieron las ordenes de una represión que terminó como terminó, llegan a juicio por las muertes que ocasionaron”, dijo Borda a Infojus Noticias, al concluir el alegato. Continuó la explicación con los familiares de las víctimas mortales de la represión que –a pesar que conocen que el abogado pidió el máximo de pena prevista en el Código Penal- sienten que “es poco para lo mucho que nos sacaron”. Un punto al que Borda hizo referencia durante el alegato, cuando consideró que se debería legislar una figura o calificación distinta para esta responsabilidad. Para el abogado no hay dudas, “hay una conexión entre las órdenes de Mathov y la represión que causó cinco muertes”, sostuvo ante el tribunal que preside José Martínez Sobrino e integran Rodrigo Giménez Uriburu y Adrián Martín.